El Programa creado por la Resolución 547/2023 firmada el ministro Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se enmarca en los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por el Estado argentino, y surge de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas federales y provinciales.

Entre sus objetivos se encuentra la promoción de instancias de formación para agentes de las fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios y brindar asistencia técnica a los gobiernos provinciales y locales para la implementación de políticas de prevención de graves violaciones a estos derechos por sus efectivos.

Asimismo, la iniciativa elaborada por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos no está orientada únicamente a la formación permanente del personal que ya se encuentra en funciones en los Estados provinciales, sino que también contribuirá a incorporar procesos de capacitación para el primer ingreso de los nuevos efectivos y para habilitar ascensos y destinos profesionales.

La coordinadora del nuevo Programa de Formación, María Jimena Armida, es trabajadora social y especialista en materia de Derechos Humanos. Desde el año 2016, se abocó a la implementación de políticas de formación en materia prevención de la violencia institucional, dirigidas a las fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario federal y provincial.

El 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional debido a la Masacre de Ingeniero Budge en el año 1987 en la cual tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense.

El Programa fue impulsado por la necesidad de promover políticas públicas de formación y capacitación destinadas a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, así como al Servicio Penitenciario Federal y a los servicios penitenciarios provinciales, en materia de derechos humanos y prevención de violencia institucional. El mismo busca garantizar nuevos contenidos y la remoción de prácticas institucionales que continúan impregnadas de sesgos autoritarios y que los alejan de los parámetros de seguridad ciudadana.