La Ley del Arrepentido, sancionada en 2016, busca romper el pacto de silencio dentro de las organizaciones criminales. La normativa incorporó la posibilidad de que imputados por delitos de corrupción o contra el orden económico y financiero colaboren con la Justicia a cambio de una reducción de la pena.

¿En qué casos funciona? Cuando un imputado aporta información al fiscal de la causa. Si las pruebas son válidas y verificables: cuando ayudan a evitar el delito, esclarecerlo, identificar o capturar a sus autores, salvar a las víctimas secuestradas o decomisar los instrumentos o ganancias del delito.

En esos casos, el imputado puede lograr una reducción de un tercio a la mitad en la pena que la Justicia puede llegar a imponer. También puede pedir declarar como arrepentido en causas que lo involucren, u otras conexas. Las acusaciones deberán apuntar a hechos o personas con igual o mayor responsabilidad y apunten a los eslabones superiores de la organización criminal.

El arrepentido no puede evitar la cárcel, porque no hay posibilidad de eximición de pena. Sí se reduce la escala penal.

Si un testigo está en peligro por el aporte trascendente que realizó en un expediente judicial, se contempla su protección. La ley habilita que estas personas ingresen al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Los requisitos: la voluntad expresa de la persona y el análisis de riesgo de los factores de agresión que pueda llegar a recibir.