La mediación comunitaria como acción de prevención y resolución pacífica de los conflictos está tomando cada vez más dimensión en la sociedad civil, e incluso en los organismos de gobierno: cada vez son más los que la implementan y la promueven, y su puesta en práctica está haciendo bajar considerablemente los niveles de conflictividad social.

Gracias a la mediación comunitaria, empezaron a emerger nuevas conductas para la convivencia social y se empieza a establecer un marco en el que las personas participan en forma directa en la resolución de sus asuntos, lo que contribuye en la generación de una ciudadanía responsable.

“Desde la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (DNyMPRC) trabajamos para que todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a un sistema de resolución de conflictos que les permita abordarlos de forma participativa, pacífica y respetuosa, sin tener que llegar necesariamente a la instancia judicial”, señaló la doctora Raquel Munt, directora nacional de esa área, que depende del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.

Un buen ejemplo del interés por esta forma de resolución pacífica de conflictos es el pedido de intervención que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires (OPISU) solicitó a la DNyMPRC, para la gestión de un caso entre familiares que conviven en el Barrio Itatí de Bernal, en el partido de Quilmes: el conflicto entre un padre de familia y sus suegros, por el incumplimiento y las dificultades para implementar y cumplir el régimen de comunicación establecido por una sentencia judicial.

El hombre vive con sus dos hijos. La madre falleció hace dos años y a partir de ese momento los abuelos no tuvieron contacto con sus nietos. Ante el pedido de la OPISU, la Dirección de Mediación dispuso de un equipo interdisciplinario integrado por dos mediadoras. Aunque fue difícil generar un diálogo entre las partes, luego de cuatro horas de trabajo se alcanzó un acuerdo

“Las razones del conflicto iban más allá de lo jurídico, abarcaban temas comunicacionales y emocionales que dificultaban las relaciones entre las personas y que, por regla general, no son abordados en instancias judiciales. Al intervenir en un conflicto comunitario se necesita comprensión, empatía, autorreflexión, apertura, reconocimiento del otro”, destacó Munt.

La funcionaria agregó: “Luego de dos años de denuncias cruzadas e instancia judicial, las partes no habían podido escucharse ni entablar un diálogo, utilizando a los niños como portadores de sus voces, reclamos y enojos”.

Revalorización y reconocimiento

Según la titular del DNyMPRC, la verdadera riqueza de la mediación comunitaria se encuentra más allá del acuerdo en sí: “Reside en que las partes en disputa se comprendan a sí mismas y se relacionen una con otra a través y en el marco del conflicto para que puedan ser ellas las que lo resuelvan y de esta forman logren cumplirlo".

La revalorización y el reconocimiento importan tanto o más que el acuerdo, porque estos dos elementos permiten construir un horizonte futuro para las partes, “al permitir a construcción de un horizonte conjunto y con ello, la mejora en los lazos vinculares”, indicó Munt.

El acuerdo alcanzado en el caso de esta familia del barrio Itatí es sustentable porque las partes llegaron al mismo por su voluntad. Ellos fueron los constructores de ese arreglo, con la facilitación de la comunicación proporcionada por las mediadoras, generando el marco de respeto y escucha.

“El objetivo siempre es crear el ambiente favorable para transformar el manejo de conflictos como alternativa a la violencia, tanto explícita como implícita. El trabajo en conjunto proporciona un adecuado acceso a la justicia y, por otro lado, legitima al barrio como lugar de encuentro para fortalecer la cultura del entendimiento”, concluyó Munt.