El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó el Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género. El mismo contempla un procedimiento de emergencia y evaluación de riesgo frente a casos de violencia de género que afecten a mujeres con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.

Este documento despliega una serie de procedimientos de atención que deben activarse frente al ingreso de llamadas al Centro de Monitoreo Electrónico, los cuales también rigen para la intervención de los equipos psicosociales abocados a la protección y el acompañamiento de las víctimas de violencia.

“Los datos de la Oficina de Violencia de Género y de la Corte hablan por sí solos: las mujeres sufren violencia en contextos de encierro y en libertad. Tenemos que pensar las dimensiones de esta problemática y hacer que el Estado llegue a tiempo para brindar ayuda”, señaló la secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez.

La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) y el área de Género de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica elaboraron este protocolo, inscripto bajo la ley 26.485, como respuesta institucional eficaz ante la creciente gravitación de la problemática de la violencia contra las mujeres dentro de la sociedad argentina.

Dentro de los parámetros fijados en el texto del protocolo, se considera como situación de emergencia aquella en la que exista peligro inminente para la preservación de la vida o la integridad física de la mujer, o de las personas bajo su cuidado; también, cuando se registren denuncias de lesiones que demanden atención médica inmediata, situaciones de violencia física y/o sexual o se perpetre la violación de medidas de protección.

El procedimiento vigente es el siguiente: al surgir una emergencia, los operadores del Centro de Monitoreo Electrónico dan intervención inmediata al 911 o al Programa de Atención de Víctimas de Violencia Familiar, a cargo del número 137, dependiendo esto de la jurisdicción involucrada, procurándose la preservación de la vida y la integridad física de la persona que ha realizado el llamado en la búsqueda de auxilio.

“La DAPBVE aspira a posicionar el arresto domiciliario como una alternativa cierta a la prisión, ya que proporciona una doble garantía: supervisión mediante monitoreo electrónico y abordaje psicosocial mediante la promoción de lazos sociales saludables que faciliten la reinserción social desde una perspectiva de género y derechos humanos”, sostuvo Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.