La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, firmó un convenio con la vicepresidenta de la Casa de Moneda, Marina Pecar, para la digitalización de la documentación histórica del organismo. El proceso contempla especialmente los documentos producidos por la SIDE durante el Terrorismo de Estado. El anuncio se realizó en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada y participaron, además el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Además, asistieron el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la portavoz del Presidente de la Nación, Gabriela Cerruti; la fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, y la jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez, entre otros funcionarios y otras funcionarias.

Asistieron al acto el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Castillo; autoridades del Archivo General de la Nación; representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Memoria Abierta; la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH); la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH); la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Buena Memoria; la Asociación Memoria Histórica y Social Argentina; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); familiares de los 12 de la Santa Cruz; Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, y el CECIM de La Plata.

El servicio que brindará la Casa de Moneda consistirá en la implementación de un plan de digitalización a gran escala del fondo documental de la ex SIDE, que consta de unas 250 mil fichas con material microfilmado (alrededor de 5 millones de microfilms) y un gran volumen de documentación histórica en formato papel producida entre las décadas de 1940 y de 1980. Se trata, en su mayoría, de documentación institucional relativa al organismo y a quienes se desempeñaron en ella. También, contiene información sobre personas, organizaciones, hechos, casos y operativos.

Este convenio es un paso más del trabajo iniciado el año pasado junto a organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, entre otros; la Secretaría de Derechos Humanos, y el Archivo General de la Nación en el marco de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sostuvo que el acuerdo firmado constituye “un paso más en el trabajo de relevamiento que se lleva adelante en cada rincón de la Agencia, que permitirá aportar información relacionada con el accionar de los servicios de inteligencia a las causas por delitos de lesa humanidad”.

Además, anunció que convocará “a organismos del Estado y de la sociedad civil a que realicen aportes técnicos para la elaboración de un instrumento jurídico que garantice la desclasificación -en los casos de que sea necesaria- y el acceso a esta información”, lo que permitirá reconstruir la historia institucional de la Ex SIDE y, posteriormente, brindar acceso al fondo documental.

La vicepresidenta de la Casa de Moneda, Marina Pecar, subrayó que “Casa de Moneda brindará una solución integral y segura para la preservación de documentos históricos de la AFI, fundamentales para la preservación de la memoria y para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país”. Y agregó que "Casa de Moneda hace la diferencia, ya que brindamos servicios de gran calidad y de altísima seguridad tanto en la confección como en el resguardo de documentos específicos y de especies valoradas".

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, indicó que "sanear la Agencia Federal de Inteligencia e integrarla de forma definitiva al Estado de Derecho se inscribe en la decisión política de nuestro Gobierno de robuster el proceso de Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado; asimismo busca terminar de una buena vez con los vínculos promiscuos entre servicios de inteligencia y Poder Judicial".

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, dijo que "es un gran paso para seguir dando respuesta a la demanda de apertura de los archivos de la dictadura. En esta línea venimos trabajando en conjunto con la AFI desde que asumimos la gestión, retomando el legado de los gobiernos de Néstor y Cristina, que hicieron de la Memoria, la Verdad y la Justicia políticas de Estado.

Se prevé que todo el proceso demandará entre un año y un año y medio de trabajo e incluirá la indexación del material por reconocimiento de texto y un sistema para la visualización de la documentación.
Los mecanismos de acceso contemplarán el control y las restricciones necesarias que impone el marco jurídico vigente, como las leyes de Acceso a Datos Personales y de Inteligencia.
Esta decisión se inscribe en la política de normalización e incorporación de la AFI a las normas de funcionamiento del Estado de Derecho que la Intervención dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, implementa desde su designación en diciembre de 2019.