Presidencia de la Nación

Con la visita al Corredor Norandino, cerró la Semana de Acceso a Justicia

Con el objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas y facilitar el acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó la Semana de Acceso a Justicia, una serie de encuentros que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires y en Susques, Jujuy, entre los días 7 y 10 de mayo.

El propósito fue intercambiar experiencias y estrategias para la realización de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de género y la defensa del medio ambiente. En el objetivo 16 (ODS 16) se promueve garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, un claro objetivo de la tarea que lleva adelante el Ministerio.

Las actividades comenzaron el martes 7, con la presentación del libro “Violencias, víctimas y sociedades justas”, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, participó de la presentación y sostuvo que esta publicación es la primera de este tipo en la Argentina, luego de la sanción de la Ley de Víctimas. “Refleja un nuevo paradigma en el sistema de Justicia en el que las víctimas están en el lugar que les corresponde en el proceso porque se han generado herramientas para que la Justicia pueda dar respuestas ante las violaciones a la ley. Las víctimas son personas inocentes que sufrieron un delito y de eso no nos tenemos que olvidar, siempre hay que escuchar las voces de las víctimas porque nada impide que mañana podamos estar en ese mismo lugar”, señaló el ministro.

Posteriormente, se habló de “El rol del Poder Judicial en el acceso a la justicia: Nuevas miradas para lograr la Agenda 2030”. En ese espacio, representantes del Poder Judicial plantearon estrategias y buscaron delinear consensos para definir estándares de acceso a justicia en el contexto de los desafíos actuales.

Los días 8 y 9 se realizó la conferencia internacional “El rol del Acceso a Justicia en la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas y la realización del ODS 16” de la ONU, que contó con paneles de alto nivel conformados por autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo, expertos de instituciones académicas y organismos internacionales.

Garavano participó de la apertura junto a Carlos Rozenkrantz y Elena Highton de Nolasco, presidente y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Alberto Bueres, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
“El acceso a la justicia no es una problemática exclusiva de la Argentina sino un objetivo global que marca la ONU, es transversal a todos los derechos, por eso tenemos que trabajar juntos para concretarlo. El desafío es empoderar a las personas para que conozcan y ejerzan sus derechos”, remarcó el ministro.

Al mediodía, el ministro de Justicia encabezó la Mesa de Alto Nivel para la realización de ODS16, donde reunió a representantes de los Ministerios de Justicia de América Latina y el Caribe a fin de estudiar las problemáticas comunes de la región para luego impulsar, desarrollar y dar seguimiento a las líneas de acción acordadas.

Por la tarde, Garavano y su par de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, presentaron el reporte “Justicia para Todos” en el Palacio San Martín. Este documento destaca las formas en que la igualdad en el acceso a los derechos puede contribuir al desarrollo inclusivo e identifica los principales impulsores para generar políticas y marcos institucionales que puedan detectar y responder las necesidades legales de individuos, familias y comunidades.

Este informe pone en evidencia que la brecha de justicia es amplia: 1.300 millones de personas están excluidas de la ley porque carecen de identidad legal, son apátridas, víctimas de la esclavitud moderna o viven en países donde los altos niveles de inseguridad impiden a los sistemas de justicia satisfacer las necesidades básicas. Y arroja dos datos impactantes: 1 billón de niños son víctimas de violencia y un tercio de las mujeres del mundo sufren violencia sexual. La falta de justicia es universal.

Los ministros y representantes de los países participantes firmaron la “Declaración sobre igualdad de acceso a justicia para todos en 2030”, donde consideran necesario poner a las personas y a sus necesidades jurídicas en el centro de los sistemas jurídicos además de facilitarles los medios para acceder a los servicios y a las oportunidades; resolver los problemas de la justicia, mejorar la calidad de los caminos de las personas hasta la justicia y usar la justicia como prevención a través de la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos.

El jueves 9 se lanzó el reporte “Justicia para las Mujeres”, producido por el Grupo de Alto Nivel de Mujeres y Niñas de los Pioneros para Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas que cuenta con el apoyo de ONU Mujeres, el Banco Mundial, la Organización de Derecho para el Desarrollo Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Justicia.

La Semana de Acceso a Justicia que se realiza con la colaboración de Los Pioneros para Sociedades Pacíficas, Inclusivas y Justas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, finalizó con un recorrido por la posta de la localidad jujeña de Susques que se inauguró en 2018 en el marco del Corredor Norandino Legal y Sanitario. Se trata de un modelo innovador de atención a necesidades médicas y legales en áreas rurales con un enfoque diferencial en comunidades indígenas y rurales, desarrollado por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

El ministro Garavano, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia María Fernanda Rodríguez, encabezaron la visita al Centro de Acceso a Justicia (CAJ) de la citada localidad, acompañados por representantes de organismos internacionales especializados en derechos humanos y justicia, de la sociedad civil, académicos y funcionarios.

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