A través del decreto 331/2019, el gobierno nacional instrumentó la creación del Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. De la firma del documento participaron el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

La puesta en marcha del Comité obedece a la necesidad de implementar de la manera más efectiva posible una serie de recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental conformada por treinta y seis países y dos organizaciones regionales –la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo- dedicada a este tipo de tareas.

El comité estará integrado por dos funcionarios del Ministerio de Justicia: Nicolás Negri, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT, y Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales.

También lo integran Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); Rodrigo Gastón Bonini, director de Investigaciones del Ministerio de Seguridad; y se incorporará un funcionario por cada uno de los siguientes organismos: la AFI, el Banco Central, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la CNV, el Instituto de Asociativismo y Economía Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Se invitó además a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación a designar funcionarios al comité. El órgano estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y será presidido por un funcionario designado por esa cartera.

“La idea de este comité es poder tener integradas en una misma mesa a todas las agencias que están vinculadas a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para coordinar acciones comunes –sostiene Nicolás Negri-. Y se hace respondiendo a una necesidad de la Argentina de diagnosticar los riesgos de lavado y financiación y al mismo tiempo cumplir con un compromiso internacional de tener este tipo de políticas, que luego son evaluadas por el GAFI”.

La Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000 y ejerció la presidencia del organismo entre julio de 2017 y junio de 2018, a través del exsecretario de Justicia Santiago Otamendi, quien renunció para ir al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

“Diagnosticar eficazmente los riesgos es responder preguntas básicas: ¿cuál es el principal riesgo de lavado hoy? ¿El narcotráfico, el contrabando, la corrupción, la mercadería falsificada, la evasión impositiva? Sabiendo dónde está la amenaza es posible instrumentar políticas de lucha contra esos delitos con un manejo eficaz de los recursos”, puntualiza Negri.

Una vez el comité haya concretado la evaluación de riesgos, deberá proponer al Poder Ejecutivo una "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

En 2016, mediante el decreto N° 360/16 se creó el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el propósito de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del GAFI.

La principal función que tendrá a cargo el nuevo comité será la elaboración de evaluaciones nacionales de riesgo en las materias bajo su órbita de competencia. Para ello, deberá "identificar, recabar y analizar la información propia y de los sujetos y áreas bajo su supervisión, y de otros sectores relevantes, que pueda resultar necesaria para la formulación del diagnóstico de riesgos encomendado".

Procurando obtener un diagnóstico exhaustivo y certero, es que el Poder Ejecutivo también convocó a participar al resto de las agencias públicas, privadas y entes públicos no estatales con competencia en la materia.