Este viernes 21 de octubre, se realizó la charla formativa "Acciones del Estado Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas", impartida por Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, junto a Diana María Guillén, presidenta nacional del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), como parte de las acciones que emanan del convenio de cooperación entre ambos organismos firmado durante el año 2021.

La charla abordó las particularidades del delito de trata y explotación laboral en el ámbito rural, así como también las acciones de combate y prevención que se desempeñan a partir de la articulación de las distintas áreas del Estado.

“Nuestra intención es profundizar el trabajo que tenemos. Alguno podría pensar que este no es un tema específico del Senasa, pero somos servidores públicos y, en tanto tales, las políticas de Estado como en este tema, que es extremadamente complejo, también nos llega. Aunque no fuera una competencia específica sí tenemos competencia por motivos de ética pública. De forma indirecta también nos llega para ayudar a las cadenas de producción que fiscalizamos. Porque la certificación de la producción en establecimientos donde no haya denuncias de trabajo esclavo puede ser una de las exigencias de los mercados internacionales, por lo que debemos adelantarnos preventivamente al problema”, sostuvo Guillén.

Vera explicó las funciones del Comité e informó que, “el tema trata de personas hoy forma parte de la agenda mundial y está monitoreado por organismos internacionales; y la Argentina, en estos últimos dos años, está entre los países que más esfuerzos hacen en cuanto a la lucha contra la trata de personas. No obstante, hay recomendaciones de esos organismos año tras año, que ponen el foco en la explotación en el ámbito rural”.

“De los 750.000 trabajadores en la Argentina, en el ámbito rural, solamente una tercera parte está registrada, según el informe oficial del RENATRE. Posiblemente muchos de los trabajadores de estas dos terceras partes sin convenio, la OIT los calificaría como realizando trabajos forzados. La Argentina rescata, año tras año, entre 1300 y 1600 víctimas del delito de trata de todas las modalidades; en primer lugar, están las víctimas explotadas en el ámbito rural. El año pasado, de 1440 personas rescatadas, 895 correspondieron al ámbito rural. Y en los informes mundiales se nos señala una contradicción, no al Gobierno sino a la Justicia, y es que se rescatan muchas personas en el ámbito rural, pero hay muy pocas sentencias”, agregó.

“Para romper ese circuito hay que coordinar inteligentemente entre los organismos del Estado para poder hacer una matriz de riesgo. Ustedes tienen un registro, que es obligatorio, con información muy precisa sobre quienes se están beneficiando económicamente de la explotación, que es un dato clave para que el juez pueda juzgar y no haya excusas por falta documentación. Obviamente resguardando la confidencialidad, y al solo efecto de colaborar como auxiliares de la Justicia para terminar con la esclavitud en el ámbito rural”, explicó Vera, quien también invitó a los delegados regionales del Senasa a participar de las 28 Mesas Interinstitucionales contra la trata que ya funcionan en las distintas provincias de la Argentina, y propuso trabajar en armar las matrices de riesgo de la rama específica de producción.

“Pedimos información a los fiscales, al Ministerio de Trabajo, a la AFIP, antecedentes, sin prejuzgar a nadie, y después pedimos los controles administrativos para hacer cumplir la ley, de modo de que estén los legajos de las empresas antes de que empiece la temporada alta, de modo tal que, si hay un incidente en el que tiene que intervenir la Justicia y hay que rescatar trabajadores, nosotros ya tendremos el legajo con todos los controles para brindar a fiscales y jueces. Por eso es clave el papel que puede jugar Senasa en este aspecto, dentro del trabajo de mapear, calendarizar, de prevenir, algo sumamente importante para restituir la dignidad de las personas. Hoy la Unión Europea está discutiendo seriamente cancelar la compra de productos que vienen de otros continentes, que tengan trabajo precario, trabajo esclavo en su cadena de valor, y estamos trabajando vía Cancillería, un acuerdo con el Departamento de Trabajo de los EEUU para que se obstaculice la exportación en ese mercado a aquellas empresas que en sus cadenas de producción tienen situaciones de trata o trabajo forzado”, finalizó.