Débora Gianángelo fue una de las víctimas fatales de la explosión en Rosario, en la que murieron 22 personas y otras 60 resultaron heridas. Ayer, en el quinto aniversario del derrumbe, su familia organizó un panel junto a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde estudió Débora. La jornada se denominó “Nuevo paradigma de la víctima” y participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martin Casares, y la coordinadora del Observatorio de Víctimas de Delitos, Luciana Carrasco.

Además estuvieron el decano de la casa de estudio Marcelo Vedrovnik; María Luján Rey, querellante de la tragedia de Once; Matías Bagnato, víctima de la Masacre de Flores; Gisela Scalgia, diputada nacional; y Adrián Gianángelo, querellante de la tragedia de la calle Salta 2141 y hermano de Débora.

En junio del año pasado el Congreso sancionó la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, reglamentada este año, que permite, entre otras cosas, que los familiares participen como querellantes de los juicios de una manera más activa.

“Se trata de un cambio de paradigma que implica no sólo una ley sino la capacitación u formación de los protagonistas en este nuevo concepto”, explicó Carrasco. La funcionaria destacó la “importancia que desde las facultades se empiecen a tratar estos temas, que antes no existían”.

Atención integral

La Ley 27.372 creó el Observatorio de Víctimas del Delito, cuyas funciones son la “promoción y protección de los derechos de las víctimas con presencia en todas las provincias, y el relevamiento de buenas prácticas vinculadas a su atención”. Para ello, se realizará un monitoreo, un seguimiento y un análisis de la problemática, con el objetivo de trazar políticas públicas eficaces.

La ley también establece que se designen defensores públicos de la víctima para cada provincia. La idea es unificar las reuniones del Observatorio con la de los ministros de justicia de todo el país en el Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), para generar encuentros con víctimas en cada región.

También funciona ya el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID). Su función es garantizar que todas las víctimas reciban asistencia, que no se produzca revictimización, que sean bien tratadas e informadas sobre sus derechos y garantías en el proceso judicial.