Desde el año pasado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se encuentra en pleno proceso de elaboración de una propuesta de reforma y actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN). Enmarcado en el programa Justicia 2020, se busca poder tener una Justicia lo más ágil y eficiente posible, y avanzar hacia leyes que faciliten a los ciudadanos acceder a los principios y garantías que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial a partir de su entrada en vigencia en 2015.

Uno de los primeros pasos en los que se avanzó fue la elaboración de las Bases para la reforma procesal civil y comercial. Se hizo gracias a un duro trabajo llevado a cabo por la comisión redactora, integrada por un grupo de académicos, jueces y profesionales de distintas provincias. En definitiva, el resultado de una tarea de carácter federal.
El objetivo es la elaboración, implementación y evaluación de políticas para construir, junto a la sociedad, una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable.

La iniciativa considera que la justicia en la que los habitantes puedan confiar es un instrumento fundamental para garantizar el bienestar y el desarrollo. Un país con solidez institucional requiere que se cumplan las leyes. Para lograrlo es indispensable que la justicia funcione adecuadamente y garantice soluciones rápidas, confiables e imparciales. Además debe resultar accesible y tener cercanía con la gente.

El proceso de elaboración de este nuevo Código Procesal, actualmente en plena redacción, pretende unificar normas procesales. El CPCCN fue sancionado en 1967. En el mensaje de elevación, se decía que se había decidido mantener el sistema escrito. El texto fue modificados varias veces: en 1973, 1977, 1981, 1995, 2001, 2005 y 2010.

Esas reformas procuraron, sin éxito, subsanar los problemas de la falta de celeridad y ausencia de inmediación generados por un ordenamiento diseñado bajo un esquema que reproduce sus defectos originales. Un Código diseñado para desarrollarse en forma prevalentemente escrita no ofrece las condiciones para implementar un sistema oral.

Qué cambios propone

Dentro de los objetivos fijados por Justicia 2020, se impulsa un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia. La incorporación de la oralidad y nuevas herramientas procesales son algunas de las necesidades que se marcan como prioritarias.

Es que acudir a la Justicia implica muchas cosas: plazos, audiencias, tiempos máximos para llevar a cabo presentaciones, entrega de pruebas, respuesta de acusaciones, quejas por decisiones de los jueces. Por ello la búsqueda de un proceso ágil, sencillo y accesible.
El fuero civil y comercial es el lugar por donde pasa la vida cotidiana de la gente, desde un conflicto por la compra de un electrodoméstico, una separación o una sucesión. Allí radica la importancia de su reforma y actualización.

Las bases esenciales para la reforma del código procesal van desde la incorporación del expediente digital, el proceso de audiencias y el proceso monitorio, la reforma de principios procesales y la incorporación de una gestión y organización de la oficina judicial que facilite los procesos administrativos.

También se destaca el proceso de ejecución, los medios impugnativos y de prueba, así como la actividad procesal y los actos de postulación. Estos procesos, modificados o reelaborados de diversa manera, generan rapidez y eficiencia. Es decir, una menor duración en los tiempos de las causas judiciales.

Actualmente los procesos judiciales civiles y comerciales son lentos, formales y burocráticos. Se destacan prácticas excesivamente ritualistas que, junto con una falta de infraestructura adecuada, torna a los procesos excesivos en su duración.

Otra de las problemáticas que se ven es un rol pasivo del juez, que también se ve influido porque los magistrados realizan una excesiva delegación de funciones y se avocan muchas veces a cuestiones administrativas y de recursos humanos, descuidando sus tareas jurisdiccionales.

Los objetivos del nuevo Código Procesal Civil y Comercial son:

• Lograr una ley procesal eficiente y moderna.
• Repensar las instituciones procesales a fin de dotarlas de mayor eficiencia. Ello implica:
• Redefinición del rol del juez: activismo judicial, inmediación.
• Reducción de costos y de la demora de los procesos.
• Simplificación de las estructuras y de los actos procesales.
• Publicidad, transparencia y concentración de los actos procesales.
• Incorporación de criterios de gestión y administración de la oficina judicial.
• Expediente digital y videograbación de audiencias.