Los datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc) del Registro Nacional de Reincidencia, utilizados por el nuevo Sistema de Reconocimiento Facial incorporado a las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, permitieron esta semana identificar y detener a personas que se encontraban prófugas de la Justicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, tomó la decisión en 2016 de que el registro fuera abierto y pueda ser consultado por Internet con el fin de "contribuir a luchar contra el delito", destacó el titular del Registro Nacional de Reincidencia, José Guerrero.

El registro administra la información de las causas penales de todo el país, y esta semana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo software que, en base a los datos allí recopilados, permite la identificación de prófugos en el ámbito capitalino con la utilización de 300 cámaras.

"Entendimos que no era bueno mantener la clandestinidad del imputado, teniendo en cuenta que cada prófugo equivale a un hecho impune, por lo que se decidió dar a conocer públicamente a los responsables de esos delitos" sostuvo Guerrero, quien además evaluó que con la apertura de la base se "mejoró la calidad de la información con la que se contaba" y se generó un "efecto contagio en todas las jurisdicciones del país".

De acuerdo a estadísticas de la cartera de Justicia, en 2017 las condenas anuales fueron alrededor de 40.000 a nivel nacional, mientras que la base del registro tiene unos 46 mil prófugos aún sin captura.

Por otra parte, la decisión del Ministerio de abrir el registro a la sociedad y que deje de ser reservado permitió la "recaptura de evadidos, lo que es una muestra directa de los beneficios de la iniciativa", destacó el funcionario. El mismo se puede consultar en la página web del Ministerio o en el portal Datos Abiertos.

La base, creada a partir de la sanción del decreto 346/2009, se conforma con las comunicaciones actualizadas que los tribunales realizan al Registro Nacional de Reincidencia de toda medida restrictiva a la libertad ambulatoria que se dicta en el marco de una causa penal, en cualquier jurisdicción del país incluyendo el ámbito federal, nacional, provincial y de la CABA.