La Comisión Redactora para la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor se reunió esta semana en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El trabajo derivará en un anteproyecto de consenso para lograr una reformulación integral de la norma, y contará asimismo con aportes de la sociedad civil a través de la plataforma de Justicia 2020.

La cartera de Justicia y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación formularán un anteproyecto de la Ley 24.240. El objetivo es lograr el cumplimiento íntegro de lo que consigna la Constitución Nacional.

Se trata de una comisión que desde hace un tiempo viene trabajando en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, del Ministerio de Producción y Trabajo, y que ahora desarrollará sus tareas de forma participativa y operativa, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tal es así que la comisión reformadora, integrada por destacados profesionales del derecho argentino de consumo, fue recibida por el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, y por el director nacional de Modernización Judicial, Javier Wajntraub, que también integra la comisión.

“Se buscan más y mejores derechos y herramientas para el consumidor y usuario, conforme lo establece la Constitución en su artículo 42”, explicó el coordinador de la Dirección Nacional de Modernización Judicial, Marcelo Treguer.

La Comisión está integrada, -además de los directores nacionales de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, y del mencionado Wajntraub- por María Eugenia D´Archivio, Carlos Hernández, Belén Japaze, Leonardo Lepíscopo, Federico Ossola, Sebastián Picasso, Cósimo Gonzalo Sozzo, GabrielStiglitz, Carlos Tambussi, y Roberto Vázquez Ferreyra.

Desde 2017 se vienen realizando reuniones que ahora pasaron a la órbita conjunta con el ministerio de Justicia y con los aportes que surgirán del programa Justicia 2020 a través de su plataforma digital, abierta a la participación ciudadana.

Una ley de protección

Sancionada en 1993, y con varias modificaciones parciales desde entonces, la ley 24.240 vigente establece normas de protección y defensa a los consumidores, así como los procedimientos y sanciones, y la autoridad de aplicación de la Ley. A 25 años de su sanción, la Comisión planea una reforma integral.

El artículo 42 de la Constitución establece que los consumidores y usuarios “tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

A ello se suma, entre otras cosas, lograr “procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.