A seis meses de la promulgación de la Ley 27. 610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria nacional implementó una serie de acciones para garantizar el acceso efectivo a ese derecho como son la capacitación de los equipos de salud en la realización de prácticas asistenciales, consultoría y asistencia telefónica para la resolución de casos, adquisición de insumos y la elaboración de materiales y encuentros de actualización profesional, reuniones federales de seguimiento.

“En el contexto del enorme desafío que representa la pandemia para todo el equipo de Salud, queremos compartir orgullosamente las acciones que venimos desplegando a lo largo y ancho del país para asegurar el pleno cumplimiento de la Ley 27.610, una normativa reparadora que vino a ampliar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes”, definió la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

En la misma línea, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, destacó que, con esta legislación, “el Estado tiene un rol fundamental y una responsabilidad en garantizar los derechos sexuales y reproductivos y al mismo tiempo evitar el forzamiento de embarazos no deseados”.

Así, en el lapso de 180 días se capacitaron a 1509 profesionales sobre interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE) y post aborto. Se trata de nueve encuentros sobre los alcances de la ley; el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo; aborto con medicamentos antes y después de las 13 semanas; aspiración manual endouterina (AMEU), acceso a la ILE-IVE de las niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años; y aspectos prácticos de la implementación de consejerías.

También se realizaron encuentros regionales para la implementación práctica y efectiva de la AMEU en la que participaron 58 profesionales. Esta capacitación está dirigida a integrantes de equipos de salud que actualmente utilizan esta tecnología y desean ampliar sus habilidades y conocimientos ajustándose a normas estandarizadas internacionalmente.

Además, se elaboró una serie audiovisual para la formación en detección y abordaje del abuso sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Esta serie se compone de cinco videos educativos breves para el trabajo con equipos de hospitales y centros de salud, escuelas, organismos de niñez y adolescencia, organizaciones comunitarias y del sistema de administración de justicia.

En ese sentido, la directora del área de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, indicó que “se está trabajando con las directoras y referentes provinciales de salud sexual y reproductiva de manera conjunta para apoyar a los equipos de salud que garantizan el acceso de las usuarias a la práctica IVE ILE”, y destacó “el rol de la sociedad civil y las redes feministas que acompañan a las mujeres y personas con otras identidades de género para acceder a este derecho”.

La línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444 aumentó su actividad. Cuando en los llamados se identifica un incumplimiento en las prestaciones de algún servicio de salud sexual y reproductiva, se vulneran derechos o las consultas corresponden a interrupción voluntaria y legal del embarazo, se genera una secuencia. En el primer cuatrimestre del año 2021, se recibieron 12.010 llamados, de los cuales 7.542 generaron secuencias. De estas secuencias, 7.185 fueron consultas por IVE/ILE (95,3%), 210 por métodos de anticoncepción (2,8%) y 147 por otros motivos (1,9%)

Por otro lado, para brindar asesoramiento legal en la implementación y el fortalecimiento de la ley, se conformó un equipo de abogadas especialistas en derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos que, desde su creación, realizó 22 intervenciones en casos concretos para favorecer el acceso a IVE/ILE en el marco de la nueva regulación y facilitar la entrega de anticoncepción en el marco de las restricciones relacionadas con la pandemia.

Para asegurar el tratamiento, la mencionada dirección nacional adquiere misoprostol a nivel centralizado y lo distribuye a las provincias a través del Programa Remediar. Durante 2021, se iniciaron dos procesos de compra por un total de 100.000 tratamientos de misoprostol de 200 microgramos. Durante el primer semestre 2021 se distribuyeron 15.445 tratamientos.

Finalmente y para dar seguimiento a la implementación de la ley en las diversas provincias, se estableció una agenda de reuniones federales frecuentes con quienes tienen a cargo las áreas jurisdiccionales de salud sexual y reproductiva. Estos espacios están orientados a abordar nudos críticos identificados en los territorios y a compartir experiencias de resolución.