El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, rubricó el acuerdo entre partes para darle continuidad a la implementación del proyecto de gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes (COP), mercurio y otras sustancias químicas peligrosas en Argentina. La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca minimizar el riesgo de las sustancias mencionadas; descontaminar pasivos ambientales en posesión del Estado; y apuntalar al cumplimiento de los convenios de Estocolmo y Minamata en el país.

El proyecto cuenta con cuatro componentes, que en sumatoria despliegan 26 líneas de acción, cuyos objetivos generales son: facilitar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre químicos y desechos, optimizar y armonizar el marco normativo nacional en la materia e incrementar las capacidades de análisis, control, monitoreo y fiscalización para dichas sustancias; mejorar el manejo de COP, mercurio y otras sustancias químicas de alta toxicidad, junto con la introducción de alternativas más seguras; garantizar que el país cuente con las herramientas necesarias para disponer gradualmente, para 2025, todos los aparatos existentes que posean PCB y, para 2028, eliminar totalmente todo remanente de PCB de forma ambientalmente racional; y comprometer y concientizar a los actores involucrados y público beneficiario sobre la importancia de la gestión del ciclo de vida de sustancias y productos químicos nocivos para el ambiente y la salud de las personas.

Cabe destacar, que entre otros resultados clave, la iniciativa prevé la eliminación de 5 mil toneladas métricas de PCB, 370 toneladas métricas de desechos que contienen mercurio y 100 toneladas métricas de pesticidas obsoletos, como también la gestión y eliminación de envases vacíos de agroquímicos. A su vez, estipula reducir el riesgo de contacto directo con productos químicos peligrosos de casi 1.8 millones de personas, mientras que la minimización de la exposición indirecta, beneficiará la salud humana y el ambiente a nivel local, regional y global.

El proyecto es ejecutado a través de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos, a cargo de Jorge Etcharrán, de la Secretaría de Monitoreo y Control Ambiental, que lidera Sergio Federovisky, del Ministerio de Ambiente nacional. Su duración es de seis años y cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), con administración del PNUD, por medio de una donación cercana a los nueve millones de dólares. Cabe destacar que, atenta la modalidad mencionada, no se genera deuda para el país.

Los COP y el mercurio son sustancias que no se degradan en el ambiente, se bioacumulan en la cadena alimentaria y pueden trasladarse largas distancias, incluso lejos del lugar donde fueron liberadas. Debido a su impacto nocivo sobre la salud humana y el ambiente, se consideran una amenaza global, y presentan diferentes consecuencias de acuerdo al rango etario y género de las personas afectadas. Asimismo, las poblaciones de bajos recursos económicos enfrentan un mayor riesgo de exposición, dadas sus ocupaciones, condiciones de vida y su dependencia del agua y alimentos, muchas veces contaminados.

Argentina adoptó el Convenio de Estocolmo en 2004, mediante la Ley n.° 26011, lo ratificó el 25 de enero de 2005 y se sumó como Parte del mismo el 25 de abril de 2005, para hacer frente a las amenazas de los COP. A su vez, adhirió al Convenio de Minamata en 2013 y lo ratificó en 2017, a través de la Ley n.° 27356, para proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones del mercurio y los compuestos de dicho material.

Además del ministro Cabandié, firmaron el acuerdo Rodolfo Yáñez, secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Valentín González, representante residente adjunto del PNUD en Argentina.