Juan se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza, y posee discapacidad visual y auditiva. Eso genera problemas en su día a día: le cuesta moverse autónomamente por el establecimiento y necesita ayuda para vestirse, bañarse y comer. También tiene dificultades para acceder a beneficios como el estudio o el trabajo.

El Ministerio de Justicia de la Nación tiene un área encargada de ayudar a las personas como Juan: el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS). El organismo recomendó una serie de ajustes para que Juan pueda desarrollar su vida un poco más equitativamente en relación a sus compañeros, y que su discapacidad no se convierta en un agravante de la pena impuesta judicialmente.

ADAJUS fue creado con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad para su efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones. El programa da cumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley 26.378.

El equipo interdisciplinario de ADAJUS interviene en diferentes situaciones como auxiliar de la Justicia. Como en el caso de Maximiliano, que tiene discapacidad auditiva y estuvo detenido por robo en reiteradas oportunidades, y en ninguna de ellas se implementaron ajustes razonables debido a su discapacidad.

El programa utilizó diferentes herramientas de la comunicación no verbal para llevar adelante las entrevistas con el joven. Patricio, otro caso, es un chico con discapacidad auditiva. Fue testigo de la muerte de su madre por parte de su pareja. ADAJUS también lo asistió, para avaluar cómo era su estado psicológico para poder declarar.

Que la discapacidad no sea un agravante de la pena

¿Cuáles son las principales funciones de ADAJUS? Brindar asesoramiento y asistencia técnica a las personas con discapacidad, sus familiares o amigos. Intervenir en causas judiciales donde exista una barrera comunicacional. Conocer e intervenir en el contexto de las personas con discapacidad en situación de encierro carcelario, para que la discapacidad no se convierta en un agravante de la pena. Y capacitar al personal del Poder Judicial, colegios profesionales, funcionarios de la administración pública y al sector privado que lo solicite.

El programa no trabaja solo: articula con diferentes áreas de gobierno como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

También trabaja en conjunto con todas las áreas del Estado nacional y provincial, como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y su Consejo Federal. El objetivo: generar un cambio positivo en relación a la temática de discapacidad y el acceso a la justicia.