Acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales
El convenio también otorga acceso a la UIF, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).
Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), firmaron un convenio de cooperación para optimizar el procedimiento y la modalidad de contestación de informes de antecedentes penales, requeridas por la UIF para llevar prevenir y evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El convenio también otorga acceso a la UIF, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).
“Para optimizar y perfeccionar la respuesta del Estado contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es necesario incorporar tecnología y nuevos procesos que permitan hacer frente de forma rápida y efectiva a estas amenazas. El convenio que hoy firmamos con la UIF permitirá que el Ministerio de Justicia asista a dicho organismo, que es el encargado de prevenir y evitar el lavado de activos bajo la órbita del Ministerio de Economía, a través de un sistema seguro, confiable y rápido, en línea con el compromiso de este Gobierno Nacional con la prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”, explicó Soria.
El ministro Soria y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, firmaron un convenio que implementa un sistema ágil de respuesta a los requerimientos solicitados por el organismo encargado de prevenir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y establece las condiciones para que la UIF acceda al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).
Para cumplir este objetivo, se prevé la utilización del sistema “Aleph Mail” desarrollado por el Registro Nacional de Reincidencia, para diligenciar -en formato digital- las solicitudes y contestaciones de antecedentes penales de las personas humanas y jurídicas que la UIF solicite.
"Optimizar el proceso de requerimiento de antecedentes penales permitirá celeridad en el análisis y tratamiento de la información. Trabajar coordinados con el Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de Reincidencias en el intercambio de solicitudes y respuestas de manera digital reflejará mayor eficiencia en la tarea de prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo", destacó Otero.
Junto a Soria y Otero, por parte de la cartera de Justicia también participaron de la reunión el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta, y el director del Registro Nacional de Reincidencia, Lisandro Catalán.
El CONARC, creado en 2009 por Decreto Presidencial dentro de la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, tiene como finalidad brindar información inmediata a través de un sistema punto a punto, de manera actualizada, de la totalidad de los autos de rebeldía, capturas, averiguación de paradero y comparendos que el mismo poseyera en su base de datos.
Este sistema, cuya base de datos se nutre únicamente de resoluciones judiciales y del Ministerio Público, y reviste de confidencialidad y reserva en los términos de la Ley N° 22.117 y la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326, es un servicio ágil y eficiente de intercambio de información con los poderes judiciales, Ministerios Públicos Fiscales, fuerzas federales de seguridad y policías provinciales, permitiendo a los operadores resolver situaciones procesales que se les pudieren plantear de forma expeditiva.
La UIF está encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se encuentra facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas.