El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Se funda con la misión de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos. Ese mismo año se proclama también la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, con el objetivo de avanzar hacia la construcción de un Estado que reconociera, protegiera y garantizara condiciones de dignidad, establece el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Esta fecha encuentra al mundo y al país atravesando una nueva pandemia que resignifica estas raíces del Día Mundial de la Salud.

El coronavirus pone al desnudo las condiciones de desigualdad, las disputas por el sentido y las políticas en el campo de la salud, particularmente, en la tensión entre la salud como derecho y la salud como mercancía. Una de las conclusiones a las que llega el mundo es la necesidad de contar con un Estado que garantice derechos, particularmente, a aquellos sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

Como INADI partimos del reconocimiento de la salud como uno de los derechos fundamentales de todas las personas y, por lo tanto, indivisible del ejercicio de otros derechos; entre ellos, al trabajo, a la vivienda, a la educación. Consideramos la salud como un campo complejo determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos fundamentales de todas las personas. Desde esta perspectiva, tanto los problemas como las respuestas que se construyan en el campo de la salud interpelan no solamente a los actores involucrados en el sector salud, sino al conjunto de los actores -incluidos los usuarios del sistema- y a las disputas de poder y de sentido de la sociedad en su conjunto.

A lo largo de estos años, hemos identificado situaciones de discriminación en relación al derecho a la salud bajo múltiples pretextos: de la etnia, género, identidad de género o su expresión, sexo, orientación sexual, religión o creencias, situación familiar, nacionalidad, estado civil, edad, color de piel, ideología, opinión política o gremial, lengua o idioma, discapacidad, lugar de residencia, estado de salud, aspecto físico, condición socio-económica, antecedentes penales y trabajo u ocupación. Las situaciones de discriminación vividas en diferentes ámbitos de la vida, a partir del estado de salud, así como aquellos productos de los procesos de estigmatización de ciertas personas y colectivos, a partir de los modos de atención de los procesos salud-enfermedad. Por último, las prácticas de discriminación hacia profesionales, trabajadoras/es y equipos de salud que se vinculan o realizan abordajes e intervenciones con colectivos históricamente discriminados.

El impacto de las políticas neoliberales implementadas tanto durante la década del 90’ como en el anterior gobierno, no sólo redefinieron las relaciones entre el Estado y Sociedad sino también promovieron formas de exclusión, desigualdad y con ello, la negación y restricción en el acceso a los derechos para ciertos colectivos, donde la salud no ha sido la excepción. En este contexto, las prácticas discriminatorias adquieren una complejidad que para prevenirlas o erradicarlas requiere de la articulación del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Desde el Estado hoy es prioridad impulsar políticas que impacten positiva en forma directa e indirecta en el campo de la salud. Por un lado, fortaleciendo el sistema de salud, sus equipos, recursos y sus estrategias para ofrecer servicios universales, integrales y de calidad con el fin atender las demandas que genera la trasmisión del covid19. Por otro, definiendo e implementando políticas y acciones intersectoriales (sociales, económicas, laborales, educativas, entre otras) que abordan los determinantes sociales de la salud y fomentan el compromiso de toda la sociedad, en particular de ciertos grupos en mayor vulnerabilidad, para la promoción del bienestar. Estas políticas permiten un abordaje integral de la problemática, así como construye una subjetividad colectiva, significativamente más inclusiva y menos discriminatoria.

La OMS como otros organismos internacionales, advierten sobre las prácticas de discriminación, maltrato y violencia dirigida tanto hacia las personas que adquirieron el COVID19, como a las que se presume que lo tengan o que habiendo transitado en zonas denominadas “de riesgo” ingresan recientemente a sus países de residencia. Lamentablemente en nuestro país, se han empezado a visibilizar ese tipo acciones hacia personas que atraviesan o podrían tener esa enfermedad, extendiéndose actualmente, a las/os trabajadoras/es de la salud.

La pandemia provocada por este virus antes desconocido, que se disemina exponencialmente ha generado un impacto en lo social, lo económico y en la subjetividad de toda la sociedad. Causa angustia, temor, impotencia e incertidumbre, no sólo por su afectación a adultas/os mayores y a las personas con enfermedades preexistentes sino también por la falta de una vacuna. Por esta razón es que se hacen necesarias políticas integrales, que incluyan la prevención y erradicación de posibles prácticas discriminatorias que afectan particularmente a las personas que son objeto de discriminación, pero también al conjunto de la sociedad generando resultados contraproducentes en el abordaje de la enfermedad como las de no informar síntomas, evitar ser examinadas, testeadas y puestas en tratamiento y/o cuarentena.

Cada año, la OMS establece un lema que permite relevar alguna temática emergente para ser visibilizada y atendida por los Estados. Este año ha elegido el lema "Apoyo al Personal de Enfermería y de Partería" con el fin de reconocer su trabajo, visibilizar las demandas y atenderlas, a través de políticas específicas que reconozcan su labor, fortalezcan esas áreas de trabajo y mejoren sus condiciones laborales. En este contexto como Instituto, queremos reconocer a este valioso sector de trabajadora/es de la salud, a la vez de extender al resto de la/os integrantes del sistema de salud (desde el trabajador/a de limpieza, administrativo/va, bioquímica/os, demás integrantes de los equipos y responsables de las instituciones de salud) que se encuentran a la vanguardia de la atención del COVID19, así como a la/os diversos actores incluidos dentro de los servicios esenciales que sostienen las actividades básicas para que como sociedad podamos atravesar esta etapa.

En el “Día Mundial de la Salud”, la titular INADI reitera el compromiso de continuar trabajando en pos de la igualdad y la no discriminación en el acceso al derecho a la salud, así como demás derechos, para todas las personas y particularmente, aquellas que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Aunando así, acciones desde el Estado Nacional y las diferentes jurisdicciones con el espíritu de convocar a afianzar este camino iniciado para la construcción de una Argentina unida con todas, todos y todes, y atravesar tanto esta etapa, como las venideras.