Este proyecto contempla el desfinanciamiento de los grupos violentos, comúnmente conocidos como barrabravas, y el incremento de las penas por los delitos cometidos en torno al ambiente de este deporte. Todo ello mediante la tipificación de nuevos delitos, antes conformados como contravenciones.

El ámbito de aplicación de esta iniciativa está destinado a las instalaciones de los clubes de fútbol, en el estadio, predio o ámbito de concurrencia pública, antes, durante o después de realizarse, en las prácticas o entrenamientos futbolísticos, o durante los traslados de los concurrentes.

Con respecto a la penalización inherente a toda actividad ilícita que ocurra en este ámbito, se establecen penas de hasta 8 años para quienes cometan un delito agrupados bajo la forma de los barrabravas. Caerá una pena de hasta dos años de prisión para quien facilite el ingreso de un integrante de estos grupos, sin la debida acreditación.

En cuanto a las entradas y su venta o distribución, se proyecta una pena de 3 años para quienes emitan y distribuyan las mismas a dichos grupos violentos y de 2 años para quienes revendan los tickets. En el caso de tratarse de entradas falsas, la condena asciende a 8 años.

Por otra parte, debido a la connivencia que existe entre los dirigentes de los clubes de fútbol y los integrantes de las barras, dichas instituciones serán sancionadas mediante la aplicación de una multa en caso de detectarse este tipo de actividades ilícitas.