La OA señala que funcionarios del Ministerio de Salud contrataron la refuncionalización de vehículos para su uso odontológico sin cumplir con el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y encomendaron el trabajo de forma directa a la empresa Callmed S.A., que tendría un vínculo familiar con uno de los responsables del programa. Además, la denuncia observa posibles “triangulaciones” con universidades nacionales para desviar fondos públicos y advierte sobre sobre posibles sobreprecios en la facturación por $1.788.500, ya que no se discriminaron cantidades, precios unitarios ni valor de la mano de obra.

De los expedientes analizados en el marco del programa “Argentina Sonríe” no surge que se haya llevado a cabo ningún procedimiento de selección previo a encomendar a la empresa Callmed S.A. los trabajos de refuncionalización de las unidades móviles, cuando de acuerdo al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional la selección de contratistas debe ser efectuada mediante licitación o concurso público. “La contraposición entre tal forma de proceder y el Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública no encuentra justificación”, sostiene el escrito. Al respecto, la OA también resaltó “el vínculo familiar existente entre uno de los responsables del programa y el Ejecutivo de Ventas de Callmed S.A., extremo que deberá ser corroborado”.

En este marco, la Oficina Anticorrupción advirtió sobre la posible existencia de sobreprecios, teniendo en cuenta que el apartamiento de las pautas legales no permitió efectuar ningún control sobre el costo material y mano de obra de empleados en la funcionalización. De la verificación efectuada sobre la factura B de Callmed S.A. por un monto de $1.788.500 surge que la misma no posee discriminado el servicio facturado: dicha factura no indica el detalle del equipo odontológico instalado (cantidad, precio unitario ni el monto de la mano de obra), por lo que resulta imposible analizar los gastos correspondientes a la refuncionalización de las Unidades Móviles Sanitarias.

Por su parte, la denuncia se refirió a las “triangulaciones” con la Universidad Nacional de Chaco Austral y la Universidad Nacional de San Martín, y sostuvo que “se desprende prima facie una actuación delictiva que consiste en la utilización de convenios con universidades para sustraerse al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, a fin de contratar en forma directa la compra de traileres y la refuncionalización de los vehículos”. “El objeto de tales convenios era que las universidades brindaran asistencia técnica al Ministerio para la implementación y desarrollo del programa. No obstante, en la práctica, tales acuerdos habrían servido para eludir el procedimiento de contratación del Estado nacional”, sostuvo la OA.

En esta línea, añadió que “el equipamiento tecnológico incorporado a las unidades móviles excedía el uso al que estaban destinadas (atención primaria), por lo que no habría justificación para efectuar tales erogaciones”, a la vez que mencionó que “en el caso de la Universidad Nacional de San Martín se observó el abono de servicios de consultoría, en principio injustificados, que podrían esconder el desvío de fondos del programa”. “Los funcionarios competentes se habrían valido de los convenios con las universidades para contratar la compra de ocho traileres y la refuncionalización de los demás vehículos del programa sin someterse al marco legal”, concluyó la OA.