El Convenio, que suscribieron Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, y María Verónica Toller, directora operativa del Comité, establece vínculos de cooperación en la asistencia, capacitación y transmisión de información a fin de concretar acciones destinadas a promover, desarrollar e implementar políticas, programas, planes y herramientas en relación a la trata de personas con fines de explotación laboral, sexual, extracción y venta de órganos, así como explotación infantil, trabajo forzoso y reducción a la servidumbre.

Ambos organismos integrarán una Mesa de Trabajo para la prevención y lucha contra el lavado de activos proveniente de la trata de personas, con el objetivo de analizar el estado de situación, intercambiar información y elaborar propuestas de intervención y acciones específicas y/o conjuntas, en línea con el plan de abordaje integral que se desarrolle. A esta Mesa de Trabajo se sumarán procuradurías especializadas en la temática como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Con respecto a las tareas de capacitación, la UIF se compromete a coordinar y realizar actividades de formación sobre sistemas de prevención, mecanismos de alerta y tipologías del lavado de activos proveniente de la trata de personas. Por su parte, el Comité promoverá acciones de información, sensibilización y capacitación sobre las problemáticas de la trata y explotación de personas.

Participaron, por parte de la UIF, Julio César Méndez, director de Administración y Gestión de Recursos y María Celeste Baroli, subdirectora de Recursos Humanos. En representación del Comité estuvo presente Gonzalo Melchiori, asesor jurídico; de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) Marcos Parera, secretario de Relaciones Institucionales, por la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos (PROSELAC) Alberto Sebastián Barbuto, auxiliar fiscal, y del Ministerio de Seguridad de la Nación, Francisco Calcagno, director de Investigaciones de Delitos Económicos y Bárbara Barranco, asesora legal.

Este Convenio rige a partir de hoy por el término de dos años, con renovación automática por igual período.