El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto a la diputada nacional Alicia Aparicio, presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Conservación de Fauna con un abordaje integral. El proyecto, que ya fue presentado en la Cámara de Diputados, amplía las protecciones a las especies y aumenta las penas, que pasarán a ser de prisión efectiva.

Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede de la cartera de Ambiente nacional, Cabandié celebró la iniciativa y agradeció el trabajo conjunto para presentar este proyecto, “que va a modificar la ley fauna, con elementos tan significativos como, por ejemplo, la prohibición internacional de trofeos de caza”, señaló. Y agregó: “De hecho, está prohibido el tráfico internacional de trofeos de caza, pero queremos darle otra categoría, que sea ley, que tenga la fuerza de una ley”. También sumó: “Nosotros queremos que esta discusión se dé en el Congreso nacional”.

Asimismo, recordó algunas acciones llevadas adelante por su cartera, como “la creación de la Brigada de Control Ambiental”, mediante la cual se incautaron “1.600 individuos faunísticos provenientes del tráfico” y también “800 trofeos de caza”, en el transcurso de casi cuatro años de gestión. “Esto lo hace el Estado. Creemos en el Estado. Tenemos que trabajar para que este Estado sea más eficiente, más eficaz”, finalizó el ministro.

En sintonía, Aparicio expresó: “Este proyecto que presentamos fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y en consulta permanente con muchas instituciones y fundaciones que se dedican al cuidado del ambiente”, a la vez que marcó la importancia de “llevar a debate, en el seno de la Cámara, la necesidad de actualizar la ley de conservación de la fauna”. “Dicha norma surge en 1981 y hoy, a 40 años de democracia, creo que nos debemos un debate abierto, libre y de cara a la sociedad que nos permita solucionar aquellas quejas que con mucha razón la ciudadanía nos está pidiendo resolver”, puntualizó.

“Se trata de un diálogo constructivo que nos permita abordar estos temas, con la participación de todos los sectores, desde la sociedad civil, los privados y los gobiernos en todos sus estamentos, nacionales, provinciales y municipales”, continuó la diputada, quien llamó a tener mayor “empatía y solidaridad por todos los seres sintientes”. “Proponemos un endurecimiento de las penas y un sistema de multas de actualización automática que tutele y reconozca a los animales como personas no humanas, sintientes y con derecho ante la ley”, subrayó al finalizar.

La iniciativa, que busca modificar la Ley 22421, genera restricciones significativas vinculadas a la caza: prohíbe la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de todo trofeo de caza; la caza deportiva de animales declarados como monumentos naturales y aquellos en peligro de extinción y la cacería con perros. Además, incrementa los montos y las penas para que sean de prisión efectiva. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán un 20 %.

Para aquellas personas que cacen animales que sean monumento natural o los prohibidos por la autoridad de aplicación las penas aumentan de tres a seis años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años. Para quienes cacen animales silvestres en campo ajeno sin autorización, las penas aumentan a seis meses y dos años de prisión y con inhabilitación especial de hasta tres años. En situaciones en las que esta acción se lleve a cabo de manera organizada o con concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos, la sanción se incrementa de cuatro a ocho años de prisión con inhabilitación especial de hasta 15 años.

En cuanto a la caza de animales silvestres con armas, perros, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con posible inhabilitación especial de hasta 10 años.

Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente nacional ya realizó un primer esfuerzo en el marco de sus competencias al prohibir el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de fauna autóctona. Además, la Brigada de Control Ambiental (BCA) lleva adelante una política de cierre de cotos de caza y decomiso de trofeos.

El comercio ilegal de animales y vectores es el cuarto más lucrativo del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, genera entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales, lo que da cuenta de la permanencia de la caza furtiva a escala global.

Del acto también participaron, por parte de la cartera ambiental, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente; Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición; Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional; Juan Manuel Rodríguez, director nacional de Protección Ambiental; Guido Álvarez, director de Seguimiento de Gestión. Además, estuvo presente Kai Pacha, fundadora de la ONG Pumakawa; Gabriel Tato, director de Ambiente del municipio de San Fernando, y otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, equipos técnicos de la BCA y representantes de la sociedad civil.