El director de la Comisión Nacional de Valores (CNV) participó de una reunión informativa ante miembros de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, donde se debate la ley de prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Breinlinger expuso el martes a la noche junto al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Otero, y del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Ricardo Casal.
El director se refirió a los artículos 37, 38 y 39 del proyecto de ley, que tiene media sanción de Diputados, referidos a la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que dependa de la CNV.

Breinlinger dijo que se trata de una “industria no regulada pero, según fuentes informales, hay 10 millones de cuentas de criptoactivos abiertas en Argentina, lo cual equipara la cantidad de cuentas abiertas en el mercado de capitales tradicional, entre fondos comunes de inversión y subcuentas comitentes”. Recordó además que dentro de Latinoamérica, Argentina es el segundo país en adopción en criptoactivos, el primero es Brasil, y en 13° en el mundo.

“La imposición de regímenes informativos sobre los PSAV buscará reunir un acervo de datos que permita incrementar la transparencia, trazabilidad y monitoreo de las operaciones (y también de los usuarios), con especial énfasis sobre aquellas que se realizan fuera de redes públicas e intra-firma”, dijo Breinlinger. Aludió además a la publicidad engañosa y la falta de información adecuada como un problema clave de protección al inversor en los mercados de criptoactivos, que en general se desarrollan sin regulaciones específicas.

En cuanto a los aspectos vinculados a la protección de los consumidores financieros, el registro y control de los PSAV se basará en principios que apuntarán a su seguridad operativa, a la protección del ahorro público y del público inversor, con normas prudenciales que promuevan la estabilidad, solvencia, transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo.

El director consideró “importante minimizar los arbitrajes regulatorios” y explicó que los “distintos requisitos y regímenes informativos apuntan a equiparar regulatoriamente los PSAV, que toman ahorro público, con los agentes tradicionales del mercado de capitales, e imponerles a aquellos buenas prácticas”, como la segregación de activos de la empresa y los clientes, exigencias estándar de compliance, patrimoniales y de liquidez mínima, entre otros.

Sobre que la autoridad de aplicación sea la CNV, Breinlinger afirmó que en sintonía con recomendaciones de organismos internacionales (IOSCO y el Financial Stability Board), “las funciones y actividades que desarrollan los actores del mercado de criptoactivos se asemejan a las que realizan otros agentes y/o sujetos del mercado de capitales tradicional. Por ello, deben estar sujetas a igual regulación y que contemple las especificidades y riesgos asociados a los criptoactivos y la tecnología subyacente”.

Cabe destacar que, tras realizar un estudio comparado de los estándares internacionales y de la implementación de registros similares en otros países, como Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Europea, la reglamentación se aborda según los principios de “mismas actividades, mismos riesgos, mismas respuestas regulatorias”.

“Esto significa que no vamos a realizar un abordaje más duro o más blando con la industria de criptoactivos, sino que propendemos a equiparar las reglas con los agentes que se encuentran regulados, poniendo el foco en aquellos aspectos distintivos de los PSAV que ameriten requerimientos específicos”, concluyó Breinlinger.