Tras agradecer la concurrencia de los representantes de las diversas provincias y de las organizaciones de la sociedad civil, Mena destacó el carácter federal de la reunión y agradeció “el esfuerzo y compromiso de cada uno de los consejeros y consejeras en trabajar de forma conjunta contra este delito”.

“El Consejo tiene, básicamente, la tarea de atender cuáles son los lineamientos que nuestro Estado necesita mejorar e implementar más eficazmente para prevenir el delito de trata, para sancionar a los responsables y para rescatar y reparar a las víctimas por la situación de vida que tuvieron que pasar”, sostuvo Mena durante la apertura de las jornadas, que se desarrollaron en el salón Rodolfo Walsh de la Sede de Gobierno.

En la apertura, el secretario de Justicia de la Nación estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena; el secretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Política Criminal de la Nación y actual coordinador de la Unidad Ejecutora del Consejo Federal, Pablo Barbuto; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol; y la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Carolina Varsky.

Arena sostuvo que el combate contra la trata “requiere de la articulación federal” y detalló la importancia de “fortalecer las respuestas del Estado”. Además, señaló: “La trata es un delito de índole federal pero que requiere de compartir las experiencias, los recursos y los resortes y trabajar en conjunto y sentir que nuestro país con todas sus diversidades es un equipo”.

Sobre el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, que administra el Consejo Federal, Barbuto informó: “Hemos logrado ya restituciones a 45 víctimas, a las cuales se les destinaron indemnizaciones establecidas por los juzgados. Se está empezando a concientizar sobre la importancia y la utilización de esta herramienta a los poderes judiciales de todo el país”.

Por su parte, Puyol sostuvo que “la trata es un delito que atenta contra la vida, la libertad y la dignidad, pero también contra los proyectos de vida de las personas”. “La trata –explicó– atraviesa a las familias y a la sociedad entera, por eso tenemos que poner energía y creatividad para combatirla. En este Consejo trabajamos para fortalecer las políticas nacionales y provinciales y para pensar nuevas estrategias”.

“El tipo de fenómeno criminal que es la trata requiere que haya una instancia como esta de participación federal”, aportó Pellegrini y destacó: “No hay ningún Estado que por sí mismo pueda tener una buena política de persecución contra la trata de personas, o de asistencia a las víctimas, si no es en vinculación o articulación entre provincias y Nación”.

Durante dos jornadas, los consejeros y consejeras, divididos en comisiones trabajo, intercambiaron diversas experiencias, así como dieron cuenta de la tarea y acciones que se llevan a cabo en cada jurisdicción.

Estuvieron presentes, asimismo, Norma Mazzeo, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Edith Leiva, directora de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual, del Ministerio de Seguridad de la Nación; Sonia Aiscar, responsable del Programa de Restitución de Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal; María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) del Ministerio Público Fiscal; María Laura Ferrante, de la Coordinación para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral; Pilar Fiuzza, coordinadora de Apoyo y Seguimiento de las Políticas contra la Trata y Explotación de Personas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; José Luis Zerillo, director de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; José Pablo Fasce, subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa; Agustina Iafolla, directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires; Yanina del Giorgio, coordinadora del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires; Andrea Pereyra Barreyro, directora de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires; Gabriela Sánchez Galindo, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut; Daniela Cejas, directora de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut; Mariano Sacchetti, secretario de Justicia de Río Negro; Silvina María Calveyra, Coordinadora del Consejo provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y Trata de Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos; María Laura López Ahanduni, directora de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta; Sandra Godoy, de la subsecretaría de Derechos Humanos de Formosa; Julio Benjamín Fernández, Comisario Mayor, titular de la Dirección General de Trata de Personas y Violencia de Género del Ministerio de Seguridad de Tucumán; Enzo Albano Bravo, Subcomisario, del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja; Graciela Collantes y Claudia Beatriz Chiconi, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH); Ricardo Sánchez, de la Asociación Red de Alerta contra el Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial; Elina Rodríguez, de la Fundación Juanita Moro; Nicolás Delmastro, de la Dirección de Apoyo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección Silvia Pennella y Alessandra Cutuli, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; Laura Estomba, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Marcelo Cippitelli, de la Agencia Argentina de Bienes del Estado (AABE).