En una reunión informativa de la Comisión de Economía Social e Inversión, presidida por el senador Pablo Daniel Blanco, Negri explicó la posición del organismo acerca de la regulación de los criptoactivos, teniendo en cuenta el doble abordaje, la protección al inversor y el registro de los intermediarios (Exchanges).
“Fuimos a dar nuestra opinión y a apoyar el proyecto del senador Guillermo Andrada que, en línea con los estándares internacionales, permite la supervisión y la regulación de la publicidad en materia de criptoactivos. En particular, la idea de prevenir estafas y publicidad engañosa que induzcan a errores a las personas respecto de la inversión que están asumiendo”, afirmó.
El proyecto toma experiencias internacionales como el de España, donde una ley similar a la propuesta tiene un año de vigencia, el Reino Unido, India y Australia, entre otros países que buscan también dar transparencia a las oportunidades de inversión e innovación del ecosistema de criptoactivos y tecnología token.
Negri agregó que se apunta a que quien opte por este tipo de activos “pueda tomar una decisión informada y con consentimiento completo de que se trata de una inversión de riesgo”.
El punto central de la propuesta es promover la supervisión y control de la publicidad y promoción de los criptoactivos que sean objeto de inversión, servicios financieros relacionados con ellos y otros activos e instrumentos en todos los soportes (gráfica, TV, radio, cartelera en espacios públicos, redes sociales, etc).
Luego de su exposición, interactuó con senadores del oficialismo y la oposición que realizaron consultas y pudieron aclarar dudas sobre las experiencias de supervisión de la publicidad y la posibilidad de prevenir fraudes. Estuvo acompañado por director Martín Breinlinger y el subgerente de Protección del Inversor y Educación Financiera de la CNV, Ricardo Lazzari.
La CNV viene participando en la Cámara de Diputados, junto con representantes de UIF, el BCRA y la AFIP, para tratar la propuesta de modificaciones a la Ley 25.246, de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.