Durante la primera jornada, el miércoles 23, la delegación internacional compartió una mesa de trabajo en la Oficina Anticorrupción junto a la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso; la Directora de Planificación de Políticas de Transparencia, Mora Kantor; y el Director de Investigaciones, Ignacio Irigaray. Luego, por la tarde, los visitantes participaron de un panel sobre Responsabilidad Penal Empresaria en la Universidad de San Andrés. Este evento -que fue moderado por Guillermo Jorge, del Centro de Estudios Anticorrupción de UdeSA- contó con la participación de Laura Alonso y del chair del B20 Daniel Funes de Rioja.

Allí, Alonso planteó que aprobar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción “nos va a ayudar a acceder a la OCDE y va a mejorar el clima de negocios local e internacional”. Asimismo, destacó que está pensada como una ley preventiva, valoró que “genera incentivos para la cooperación y la autodenuncia” y pidió “que logremos en el Senado las mejores modificaciones para que finalmente Diputados la sancione”. La titular de la OA agregó que “después de la sanción de la ley es importante construir una coalición público-privada por la transparencia”, ya que “sin el sector privado va a ser muy difícil cambiar una historia compleja de corrupción en Argentina”.

En la segunda jornada, el jueves 24, Alonso y la delegación internacional tuvieron dos mesas de trabajo en el Congreso Nacional: una con senadores -estuvieron presentes Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Ángel Rozas, Pedro Baillard, Ernesto Martínez y Sigrid Kuntah- y otra con diputados de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General. Se conversó sobre acuerdos de cooperación, responsabilidad de terceros, tipos de sanciones e incentivos para promover la ética empresarial, entre otros temas vinculados al proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria que fue enviado por el Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción. Al final de la tarde, Alonso y el Jefe de la División Anticorrupción de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, Patrick Moulette, compartieron un panel sobre ética y transparencia empresarial en el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria permite sancionar a las empresas -y no sólo a las personas- por delitos de corrupción y promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado. Además, no solo penaliza sino que también busca introducir buenas prácticas y generar incentivos para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad. Aprobar esta ley -que ya la tienen países como Brasil, Chile, Colombia, México, EEUU, Francia y España- es uno de los requisitos para ingresar a la OCDE.

La delegación internacional que visitó el país estuvo integrada por: Patrick Moulette (Jefe de la División Anticorrupción de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE), William Loo (Jefe Adjunto y Analista Legal Senior de la División Anticorrupción de la OCDE), Ignacio Castillo Val (Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile), David Green (Director de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Paul Leder (Director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU).