Presidencia de la Nación

Soria y de Mendiguren avanzaron en la constitución del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata

Definieron las articulaciones técnicas para la implementación del Fondo que se integra con el dinero proveniente de la venta de los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata, explotación y lavado de activos que se destina a restituir los derechos de las víctimas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mantuvo un encuentro con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE), con el objetivo de seguir avanzando en la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

El Fondo fue creado por la Ley 27.508 y se integra por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata, explotación y lavado de activos: el dinero en efectivo y el producido de la venta de esos bienes sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas.

La articulación entre el Ministerio y el BICE es fundamental para la implementación del Fondo: la Unidad Ejecutiva creada por ley se ubica en el ámbito de Justicia, mientras que el banco es el fiduciario.

Soria y De Mendiguren avanzaron en la constitución del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata
Soria y De Mendiguren avanzaron en la constitución del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata

En ese marco, Soria y de Mendiguren establecieron pautas de trabajo y definieron las articulaciones técnicas necesarias para terminar de constituir el Fondo.

Soria subrayó la necesidad de avanzar con "una herramienta fundamental para combatir la trata de personas a nivel nacional, porque permite no solo resarcir a la víctima, sino que también pueda salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra”.

La Ley 27.508 establece de manera obligatoria que se ordene la reparación de las víctimas dentro de la sentencia, lo que garantiza el acceso efectivo a la restitución de derechos. Los jueces tienen el deber de fijar los montos de restitución para las víctimas en el mismo proceso judicial y con fundamento en la evidencia disponible para la sanción de los responsables.

“En BICE trabajamos en la implementación del instrumento fijado por la Ley, que permita cumplir objetivos de política pública. Esta iniciativa es un paso más en esa dirección” manifestó por su parte Mendiguren.

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