Convenio de cooperación para fortalecer la investigación científica aplicada a la política penitenciaria
El acuerdo impulsa el apoyo de actividades de investigación y desarrollo de científicos y científicas del CONICET, con sede en el Instituto de Criminología, que contribuyan a la gestión de la política penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi, dieron firma a un Convenio Específico para el Apoyo de Actividades de Investigación y Desarrollo entre las partes, con el objetivo de que investigadores e investigadoras, así como becarios y becarias del CONICET, con sede en el Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal (SPF), contribuyan con sus investigaciones y capacitaciones al fortalecimiento de la gestión de la política penitenciaria.
Soria explicó que el Servicio Penitenciario Federal “tiene un organismo único en Latinoamérica, el Instituto de Criminología, para, a través de la producción de conocimiento, orientar sus políticas públicas y hacerlas más eficaces. El convenio que hoy estamos firmando nos va a permitir potenciar ese Instituto, incorporando investigadores y becarios provenientes de esa usina de pensamiento que es el CONICET”.
Por su parte, el ministro Salvarezza celebró el acuerdo y agradeció la presencia del ministro Soria, de la presidenta del CONICET, Franchi, de las investigadoras y de las y los funcionarios. A su vez, destacó que la firma del convenio “pondrá en valor las distintas iniciativas que estuvimos trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en este caso en particular, con el Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal”.
El titular del MINCyT señaló que al igual que el trabajo “que venimos realizando con muchos ministros e intendentes, este convenio refleja la política que llevamos adelante desde el Ministerio que es poner a disposición de todos los organismos del Estado las capacidades del sistema científico para la toma de decisiones y para la mejora de las políticas públicas. Nuestra gestión busca poner la ciencia al servicio de la sociedad”.
Con este convenio los investigadores e investigadoras y los becarios y becarias del CONICET contribuirán con sus líneas de investigación al asesoramiento, diseño y seguimiento de las estrategias de gestión, así como en la elaboración e implementación de circuitos formativos y capacitaciones complementarias para el personal penitenciario y la producción y provisión de información de utilidad para la gestión de la política penitenciaria. Asimismo, el acuerdo promueve el fortalecimiento de las actividades de investigación con prioridad en los desarrollos locales de las ciencias sociales, la criminología y el derecho, con el fin de orientar sus resultados a la toma de decisiones ejecutivas en materia penitenciaria que propendan a la colaboración con otras áreas de gobierno vinculadas a la inclusión social post-penitenciaria, la seguridad ciudadana y la política criminal.
De acuerdo con ello, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, manifestó que el convenio “busca fortalecer las actividades del Instituto de Criminología, con el aporte de investigadoras e investigadores, becarias y becarios, en el convencimiento de que para el Instituto será bienvenida la colaboración del CONICET, con sus líneas de investigación, con los programas de formación y capacitación para el personal penitenciario y en el diseño de estrategias de gestión”. La funcionaria agregó que el aporte de la ciencia y la tecnología “brindan herramientas clave para la toma de decisiones, al tiempo que contribuimos al desarrollo local de las ciencias sociales, los marcos normativos y el amplio campo de la criminología”.
Durante el acto de firma estuvieron presentes, también, el viceministro el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori; la asesora presidencial, Dora Barrancos; el gerente de Asuntos Legales del CONICET, Alan Temiño y las investigadoras Andrea Lombraña (CONICET-IDAES/UNSAM) y Natalia Ojeda (CONICET-IDAES/UNSAM).
A su turno, Lombraña se refirió a su experiencia de trabajo junto a Ojeda en cárceles bonaerenses y federales, con quien “como representantes de un equipo mucho más amplio, venimos trabajando hace más de 15 años dentro de las cárceles realizando trabajo de campo y produciendo datos empíricos siempre con la inquietud de poner a disposición esa información para la política penitenciaria, para su transformación efectiva y la mejora de las prácticas”.
Por último, Ojeda remarcó “la importancia de estar trabajando en el Instituto de Criminología y que, finalmente, este Instituto sea del CONICET y del Servicio Penitenciario. Es una gran oportunidad para devolverle al Instituto el sentido que históricamente tuvo de justicia social y de respeto por los derechos humanos”.