Se cumplen dos años de la promulgación de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada el 21 de junio de 2017 y reglamentada días después, el 13 de julio.

La ley, debatida y analizada desde el programa Justicia 2020, cambia el paradigma sobre el rol de las personas que atraviesan un delito y las pone en el centro, con una perspectiva en derechos humanos.

Hoy, gracias a la ley, las víctimas pueden tener un rol más activo y tienen derecho a ser oídas durante todo el proceso judicial.

La nueva normativa permite que la víctima, entre otras cosas, pueda participar del proceso aun cuando no se presente como querellante. También podrá exigir medidas mientras dure la investigación y seguir la investigación, como querellante, cuando el fiscal decida no continuar con la persecución penal.

También se les otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos –con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.

El artículo 2 de la ley considera víctima “a la persona ofendida directamente por el delito” y “al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores”. La norma brinda derecho al “asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad” a víctimas y familiares de víctimas.

Y busca coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

El rol del CENAVID y el Observatorio

Además las facultades y el nuevo rol de participación activa en el proceso que se le dio a las personas que sufrieron un delito en su contra, la normativa creó el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y el Observatorio de Víctimas de Delitos, ambos en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El CENAVID garantiza que todas las víctimas reciban asistencia, que no se produzca revictimización, que sean bien tratadas e informadas sobre sus derechos y garantías en el proceso judicial. Y además coordina con los distintos organismos del Estado el asesoramiento jurídico, psicológico y social que deben recibir las víctimas.

Y el Observatorio se encarga del monitoreo y el seguimiento de la aplicación de las políticas públicas implementadas a partir de la Ley de Víctimas. Los dos organismos trabajan en conjunto para que las víctimas monitoreen las políticas que el ministerio lleva a cabo.

A través del CENAVID toda víctima tiene derecho a asesoramiento. Por eso se creó también la línea 149, que atiende las 24 horas, los 365 días del año.

Los llamados son atendidos por psicólogos, trabajadores sociales o abogados que ofrecen ayuda, orientación jurídica y una posterior derivación de las víctimas.