A poco de cumplirse el 25 aniversario de la Reforma Constitucional celebrada en la provincia de Santa Fe en 1994, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) la presentación del “Programa de capacitación: Constitución argentina en lectura fácil”. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Senado de la Nación.

Durante el encuentro el Ministerio de Justicia dio a conocer la nueva versión de la Constitución en formato de lectura fácil. El proyecto contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que trabajó con las ONG de discapacidad que proporcionaron una devolución sobre la eficacia de los contenidos trasladados al formato de lectura fácil. Por su parte, el Senado de la Nación facilitó su imprenta para la edición impresa del volumen.

De la jornada participaron, en nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Silvia Iacopetti, directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y Martín Böhmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.

También asistieron al lanzamiento del volumen Juan Pedro Tunessi, secretario parlamentario del Senado de la Nación; Gonzalo Sozzo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; Fernando Bernabé Rocca, director general de Programas de Investigación y Capacitación del Senado; Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán; Gustavo Vittori, representante del Museo de la Constitución; y autoridades municipales y universitarias, entre otros.

El concepto de “lectura fácil” implica una técnica de redacción, adaptación y diseño de textos, destinada a personas con discapacidad cognitiva o dificultades en la lectocomprensión. También está pensando para migrantes que no comprenden plenamente el idioma español, niños y niñas que empiezan a leer y personas adultas mayores. Fue originariamente impulsada por la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) y no se restringe únicamente a contenidos jurídicos.

Una herramienta para la inclusión

Iacopetti señaló la importancia de simplificar el acceso a los documentos jurídicos y legales para el ciudadano común, y resaltó la puesta en marcha de los procesos de validación efectuados con lectores activos para lograr la certificación de lectura fácil por parte de organismos internacionales. Ponderó además la eficacia de una herramienta digital como el sitio Justicia Cerca, que permite acceder a publicaciones e información jurídica editadas bajo pautas de lenguaje fácil y accesible.

Y destacó que esta nueva edición de la Constitución “es una herramienta para la inclusión, porque cuenta con un diseño de textos cortos, ilustrados, con colores muy planos y anillado para que sea fácilmente manipulables y al alcance de todos”.

“Esta edición impresa cuenta además con un código QR, que direcciona al lector a la edición online”, agregó Iacopetti.

Tornar más accesible los textos jurídicos forma parte del cumplimiento de normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y la ley de acceso a la información.

“Nuestra ambición es que profesores, profesoras, alumnos o alumnas de todas las facultades de Derecho puedan salir a la sociedad civil a dar clases, a contar a nuestros conciudadanos cómo funciona nuestra Constitución, trabajando también en sincronía con el Museo de la Constitución, inaugurado el año pasado en Santa Fe”, recalcó Böhmer.

Una reforma histórica

Al cumplirse un cuarto de siglo de la reforma constitucional, Böhmer consideró que “por distintos motivos, la reforma de 1994 no tiene la difusión que merecería tener, ya que recogió todo el legado de la transición democrática, dado que se introdujeron todos los tratados de derechos humanos como uno de sus aspectos centrales”. Para Iacopetti, este punto “hizo de nuestra Constitución una constitución globalizada, porque hay organismos internacionales que pueden intervenir en nuestros asuntos internos, por lo que es muy abierta”.

Por otra parte, Böhmer rescató que la reforma discutió con la tradición argentina el peso del presidencialismo, procurando bajar la concentración de poder en el Ejecutivo mediante la creación de la figura del Jefe de Gabinete, y la ampliación de los organismos de contralor, como la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Nación.

“El tema de la protección de los datos, el reconocimiento de las comunidades indígenas, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son sólo algunas de las muchas mejoras que introdujo el proceso reformista de 1994”, concluyó Iacopetti.