Más de 350 personas participaron de la Semana de Acceso a Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la Conferencia Internacional “El rol del Acceso a la Justicia en la construcción de sociedades, justas, pacíficas e inclusivas y la realización del ODS 16+”. Estuvieron también familiares de víctimas, jueces, abogados y miembros de la sociedad civil del país y del extranjero.

En la apertura del seminario estuvieron, Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz y Elena Highton de Nolasco; y Alberto Bueres, decano de Derecho de la UBA.

Garavano afirmó: “Bregamos por un Poder Judicial independiente que garantice el acceso a la Justicia a la sociedad y de respuestas a los conflictos”. En esa línea, destacó que “el acceso a Justicia es un Derecho de primer orden”, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que brinda el Estado en todas sus formas.

El ministro también destacó el rol de las víctimas, “fuente de inspiración y trabajo” y “enfocar a la persona en el centro de la escena”. “El sistema de Justicia debe dar respuesta rápida a las víctimas poniéndolas en el centro de las escena”, explicó el ministro y agregó que el “avance en el movimiento global para cumplir las metas de la ONU para que la gente pueda conocer y acceder a sus derechos”.

Rosenkrantz explicó que “el desafío es lograr un sistema de Justicia robusto, independiente e inclusivo”. Y poner énfasis en la responsabilidad de la “judicatura”, o sea, los jueces que “deben asumir un rol clave en las reglas imprecisas de su comunidad para precisarse en normas claras para su comunidad”.

“Todos los sectores que componen la Justicia se reunieron en un encuentro muy valioso, donde hay que fortalecer los métodos alternativas de acceso a justicia como las Casas de Justicia o las oficinas de atención ciudadana”, señaló Highton de Nolasco. En esa línea, resaltó también a la “capacitación en perspectiva de género como otro eje para ampliar”.

La Semana de Acceso a Justicia se realiza con la colaboración de Los Pioneros para Sociedades Pacíficas, Inclusivas y Justas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Bueres, por su parte, afirmó que “el objetivo es lograr sociedades más justas y pacíficas, poniendo a la persona en el centro del análisis”.

Sobre adultos mayores

Una de las conferencias del día fue la referida a “Personas mayores y acceso a la Justicia”, con la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el PAMI, el Ministerio de Salud porteño, el Ministerio Público de la Defensa, investigadores del CONICET y especialistas en derecho de la vejez, y fundaciones que trabajan con adultos mayores.

El objetivo de la mesa fue debatir sobre la difusión, capacitación y sensibilización en torno a los derechos de las personas mayores y a su efectivo cumplimiento.

En el encuentro, en el marco de la campaña “#MayoresDerechos”, se presentaron los spots sobre los derechos de las personas mayores en lenguaje claro realizados por la Dirección de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia, a cargo de Sabrina Santopinto.

En esa línea, el Servicio Argentino de Información Jurídica (SAIJ), cuya directora es Silvia Iacopetti, editó la primera edición de la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en lectura fácil. Y en este encuentro, se distribuyó a los presentes la versión impresa de la convención.

Justicia centrada en las personas

La sesión plenaria “Justicia centrada en las personas” contó con un panel de especialistas internacionales, coordinado por la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez. La funcionaria destacó el rol de los grupos de trabajo que “acercan la Justicia a las personas para transformar una cultura judicial de conflicto en una cultura dialógica”.

Expusieron Gladys Álvarez, coordinadora de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema; Douglas Durán, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (ILANUD); James Goldston, director de la Iniciativa de Justicia de Open Society Foundation; y Juan Olmedo, del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia. El comentarista fue Martín Böhmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.

Rodríguez explicó que “hay una necesidad de poner a la persona en el centro porque hay que atender las necesidades”. Destacó las funciones y acciones del software SICAJ, de los Centros de Acceso a Justicia, del Corredor Norandino, el Hospital de Derechos y la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas del ministerio como ejes de la atención legal primaria.

La subsecretaria también enfatizó en seis puntos clave para la atención de la sociedad: la equidad geográfica, el enfoque interdisciplinario, la perspectiva multicultural y de género, la calidad en los servicios y la transparencia y la participación ciudadana. Y el trabajo conexo con colegios de abogados para el patrocinio jurídico gratuito.

Álvarez dijo que “se busca llegar a los ciudadanos y empoderarlos”, y destacó como ejemplo de acceso a la Justicia el funcionamiento de la Casa de Justicia que funciona en Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. “Acercar la Justicia a la gente es curarla en el conflicto”, agregó la funcionaria de la Corte.

Goldston, que coordina una ONG internacional, expresó que a “nivel mundial es importante el movimiento para garantizar el acceso a la Justicia como ocurrió en La Haya (Holanda) en febrero donde se acordó que el Estado de Derecho y el acceso a Justicia debe ser para todos luchando para conseguir el objetivo ODS 16”.

En esa línea, Durán que dirige el ILANUD con sede en Costa Rica manifestó que “la Justicia siempre se ha centrado en lo procesal y no en los valores como el apoyo social y psicológico para las personas”.

Las otras charlas del día fueron: “Presentación de la Quinta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial”; “Empoderamiento legal y acceso a justicia, inversión en justicia, modelos de coordinación y cooperación institucional”; “Iniciativas innovadoras en acceso a justicia” y “Estudios de necesidades jurídicas insatisfechas”.

Informe del Grupo de Trabajo sobre Justicia

Por la tarde, en el Palacio San Martín, sede de Cancillería de la Nación, se presentó el reporte “Justicia para Todos”, del Grupo de Trabajo sobre Justicia –o Task Force in Justice, por su nombre en inglés-. El documento contiene un diagnóstico acerca del acceso a la Justicia en nuestra región, y su elaboración es producto de un trabajo en conjunto entre integrantes de los Estados miembros de la ONU y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

En este período de funcionamiento del Grupo de Trabajo, el ministro Garavano es copresidente junto a Sigrid Kaag, ministra de Comercio Exterior y Desarrollo de Países Bajos; Priscilla Schwartz, procuradora general y ministra de Justicia de Sierra Leona; y Hina Jilani, integrante de The Elders, una de las ONG que participa en el proyecto.

En la presentación, Garavano señaló: “No tenemos que irnos lejos; acá cerca tenemos algunas de esas cinco mil millones de personas que en todo el mundo tienen dificultades para acceder a la Justicia. Este documento marca con bastante simpleza, y aporta un enfoque muy innovador sobre todo en el aspecto del costo de esta situación. Pero también marca el camino posible de trabajo en el que todos los países hacemos esfuerzos en este sentido”.

Este espacio de colaboración internacional estudia el acceso a la Justicia en diferentes regiones y se encarga de establecer “recomendaciones viables” a los gobiernos, usando para ello “ejemplos de buenas prácticas”. Al mismo tiempo, se realizan evaluaciones acerca de cuánto hay que invertir para poner en práctica estas metodologías.

El informe, el primero de una serie de documentos que se lanzarán en todo el mundo y hablan de esta temática en numerosas regiones, tomó como guía algunos ejes y preguntas: la brecha de Justicia; el armado de un caso para la inversión en Justicia; qué estrategias o herramientas han funcionado y aumentaron el acceso a la Justicia; y un llamado a la acción, pensando qué tipos de compromisos deben asumir los actores nacionales y locales para cumplir objetivos de acceso.