El “Impacto en las nuevas regulaciones” fue el eje central del conversatorio que se realizó en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Funcionarios, juristas, asesores y representantes de la sociedad civil intercambiaron miradas con el objetivo de analizar cómo las regulaciones impactan en la vida de la gente.

Héctor Chayer, coordinador de Justicia 2020, que organizó el encuentro, abrió la jornada. Destacó la importancia de “discutir el análisis del impacto de la normativa, ya que nuestro interés es llamar la atención sobre la necesidad de mostrar la realidad en el momento en que pensamos la política pública, y luego ver el impacto que tienen para transformar la realidad”. “En todos los proyectos la pregunta es: ¿Esto en qué le cambia la vida a la gente?”, sintetizó.

A su turno, Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacó lo interesante del intercambio. “Venimos trabajando con la premisa de mejorar, innovar y modificar la realidad”, explicó.

“Un desafío es no quedarnos sólo con la reforma de la ley, sino cómo hacer para que la realidad se transforme”, dijo Casares y especificó que “este tipo de encuentros tienen que ser prácticos y pragmáticos, para que podamos hacer un intercambio para avanzar en reformas eficaces y eficientes”.

De la jornada participaron, entre otros, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, y el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Martín Böhmer.

El conversatorio fue organizado también por la Fundación CiGob. Es una entidad que, según su vicepresidente, Marcos Jasin, “trabaja en función de incidir en la mejora de las políticas públicas, para mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Es necesario apuntar a mejorar las reglas que ordenan la vida cotidiana, porque las sociedades avanzan y la vida cambia”, dijo Jasin. Y afirmó que le interesan los ámbitos “donde se procesa la modificación de regulaciones”. “Tenemos que agregar métodos y prácticas que aseguren una evaluación para que esas regulaciones puedan servir y tener un impacto necesario”, agregó.

Evaluación de impactos

En la mesa del piso once hubo dos ponencias, una a cargo de Alberto Nanzer, director general de Asistencia Técnica y Legislativa del Ministerio de Justicia. “Uno de los imperativos es garantizar eficacia y eficiencia en las políticas y diseñar un esquema de institucionalización de lo que llamamos evaluación de impacto regulatorio”, explicó.

Ignacio Aymerich es español, profesor y doctor en Filosofía y Derecho, investigador del Instituto de Gobernanza Democrática. Encargado de la otra ponencia, puso de ejemplo a Francia: explicó que allí “todos los proyectos de ley tienen que ir acompañados de evaluación de impacto”.

“Hay un comité que puede rechazar propuestas de ley porque no viene acompañado por una evaluación”, añadió. Y señaló como “importante” que haya una oficina parlamentaria encargada de la evaluación de impacto.