La Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) es un organismo dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su misión es promover una forma de justicia abierta, cercana y transparente, brindando información jurídica a magistrados, abogados, docentes, estudiantes y a la comunidad en general.

“Estamos a punto de cumplir 40 años. La idea que impulsó la creación del SAIJ fue poner en línea las leyes en su versión actualizada. Era proporcionarle a la gente el acceso a las leyes, en un sentido amplio: decretos, resoluciones, dictámenes, leyes entre otras normativas”, señala la directora nacional del SAIJ, Silvia Iacopetti.

El SAIJ nació en 1981, pero la digitalización y ordenamiento de los marcos legales nacionales se emprendieron, bajo el apoyo de UNESCO, en 1979. Desde entonces, está abocado al ordenamiento, sistematización, actualización y edición de las normas jurídicas, la jurisprudencia y la doctrina.

Con el transcurso del tiempo, el SAIJ estableció una red colaborativa con los Poderes Judiciales de todo el país, que le proporcionaban su material de jurisprudencia. Así, terminó convirtiéndose en un recurso de alcance federal.

“Ofrecemos un servicio que no sólo contiene la legislación, sino la jurisprudencia de todo el país”, puntualiza Iacopetti. Y remarca que durante su gestión se tomó la decisión de ampliar el espectro de público al que estaba dirigido el SAIJ. “Al principio, el típico usuario era el abogado o los operadores del Derecho”, explicó.

La misión del SAIJ especifica que el servicio debe ser brindado a toda la ciudadanía. Pero había un escollo a sortear: la especificidad -a menudo hermética para quien no conozca de cuestiones de Derecho- del lenguaje jurídico. “Si yo te doy acceso a todas las leyes, pero no podés entenderlas, entonces es como si no tuvieras nada”, puntualizó Iacopetti.

Por lo tanto, desde el SAIJ se decidió, para llegar a un público más amplio, adscribir al movimiento del Lenguaje Claro. Se trata de una iniciativa, surgida en la década del 70 en Europa, que consiste en una serie de reglas usadas cuando el Estado tiene que comunicarse con el ciudadano, de manera de transmitir la información de forma clara y accesible.

Así, el SAIJ empezó a publicar versiones de las leyes más usadas en lenguaje claro, en forma de preguntas y respuestas. “Además, tenemos un equipo de periodistas, que integran el portal Voces por la Justicia, que le cuentan a la gente, en un lenguaje llano y eminentemente periodístico, por qué son importantes las iniciativas que se llevan adelante en el SAIJ y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, agregó Iacopetti.

Ediciones accesibles

Pero la difusión de la información jurídica no queda restringida al acceso y consulta online, ya que el SAIJ cuenta también con una editorial: por lo tanto, se publican y distribuyen en todo el país los libros que contienen información jurídica relevante. Los receptores de esos materiales impresos son los alumnos de las universidades nacionales, fiscales, defensores y demás miembros del Poder Judicial.

Existen también volúmenes en formato digital que pueden descargarse desde la web del SAIJ. Por citar un ejemplo, es posible bajar en formato ebook el Código Civil y Comercial de la Nación. O, también, desde la biblioteca digital se puede acceder al nuevo Código Procesal Penal Federal, entre muchas otras opciones.

Entre la diversidad de servicios que ofrece la Dirección, es posible consultar los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, los de la Oficina Anticorrupción (OA), los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o tener acceso, por ejemplo, a un exhaustivo glosario de términos jurídicos con explicaciones fácilmente comprensibles.

Como uno de los hitos de su gestión, Iacopetti remarca que “fue importante, en 2016, haber traído el servicio de Infoleg, que antes pertenecía al Ministerio de Economía, para unificar criterios, optimizar recursos y tener bajo una misma órbita, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todas las personas y las bases de datos que brindaban el servicio de las leyes en su versión actualizada”.

En la actualidad, el SAIJ cuenta con una planta de 120 personas y está dividida en las siguientes áreas: el área de Bases de Datos de Legislación y Jurisprudencia; una sección de Lenguaje Claro, que traduce los materiales jurídicos a un lenguaje sencillo y accesible; el área periodística, a través del sitio Voces por la Justicia, y la editorial.

También contenidos audiovisuales

Otro de los aportes que Iacopetti destaca es la generación de contenidos audiovisuales, “destinados a un público joven que no es hoy tan lector como las generaciones anteriores, pero al que llegamos a través de las redes sociales con los videos y animaciones”.

También depende del área el programa Con vos en la web, cuya función es concientizar y educar a las personas en el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

Iacopetti también hace hincapié en la gran difusión de los textos impresos que llegan a los lectores y gente del Derecho de manera absolutamente gratuita y la creación de la Red de Lenguaje Claro en la Argentina, “que refleja un movimiento de concientización de los poderes públicos de que, para favorecer la transparencia, es necesario comunicar los actos gubernamentales con claridad”.

La funcionaria también destacó la gravitación de los talleres de radio y televisión que dicta la Dirección de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia. “Es una de las líneas de trabajo que desarrollamos en el Ministerio: ofrecer nuestras competencias para la resocialización de las personas que se encuentran privadas de libertad”, indicó Iacopetti.

Como desafío para el 2019, Iacopetti anticipa el trabajo por delante para este año: “Dentro de lo que es el trabajo de SAIJ e Infoleg, vamos a terminar de migrar todos los contenidos al sitio Argentina.gob.ar, puntualmente al sitio Leyes argentinas, para que en un solo lugar estén disponibles todas las leyes nacionales y provinciales del país, y así subir en los índices internacionales de gobernanza regulatoria”.

Otra de las metas para este año, remarcó la directora, “es fortalecer la Red Argentina de Lenguaje Claro, sumando organismos públicos que se comprometan con hablarle claro a la gente a través de sus actos públicos”.