Después de muchos meses de trabajo, debates parlamentarios y reuniones entre integrantes de los tres poderes del Estado, finalmente, uno de los principales objetivos de la gestión de Germán Garavano frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se cumplió: con la numeración de artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal está todo listo para la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal.

Este viernes, en el Boletín Oficial, se publicó el texto del nuevo Código convertido en ley a fines del año pasado. Mayor celeridad para resolver los casos, más transparencia en el proceso e imparcialidad en la toma de decisiones y la sentencia son los ejes fundamentales de este cuerpo normativo, que fue pensado para que funcione teniendo en cuenta las diferentes realidades de las provincias. De ahí su carácter de “federal”.

Este nuevo Código pone a la víctima en el centro del proceso, permitiéndole que pida medidas de prueba y tomando en cuenta su opinión acerca de los pasos que se toman en la causa.

También implica el pasaje definitivo al sistema acusatorio adversarial, mediante el cual los fiscales serán los encargados de la investigación y la eventual acusación, mientras que los jueces tomarán y comunicarán sus decisiones respecto de los planteos que se les realizan mediante las audiencias orales y públicas, garantizando, de esta forma, la imparcialidad de las disposiciones.

Qué incorpora

El cuerpo normativo incorpora algunas herramientas que ya se habían puesto en funcionamiento durante los últimos tres años con muy buenos resultados, como el procedimiento de la flagrancia, mediante la cual, cuando una persona es atrapada cometiendo un delito –por lo que no hay discusión acerca de lo sucedido- debe tener una audiencia ante el juez en las primeras 48 horas desde que sucedió el hecho. Gracias a esta metodología, el 76 por ciento de los casos en los que se aplicó fueron resueltos en las primeras 30 horas.

Al mismo tiempo, el nuevo Código aplicará la oralidad, un procedimiento que busca dejar atrás el tradicional expediente escrito –es decir, el legajo que requiere de un soporte de papel para todas las decisiones y movimientos que se produzcan en la causa-, permitiendo que la mayoría de los trámites se realicen rápidamente.

La oralidad también permite que juez y partes estén cara a cara. Así, las explicaciones de lo que está en juego en una causa serán más claras y accesibles para quienes intervienen.

Además, y en orden a brindar más elementos para combatir el crimen organizado o los delitos complejos –como el narcotráfico o la trata de personas-, se incorporaron las técnicas especiales de investigación: la figura del “arrepentido” y el “agente revelador”. Estas herramientas se complementan con el programa de protección de testigos que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El Código surgió del trabajo realizado junto con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020.