Gracias a un decreto firmado por el Presidente, un juez puede decidir la extinción de dominio sobre dinero en efectivo, autos, barcos, inmuebles y otras posesiones de personas investigadas por delitos graves y cuya legítima adquisición no puedan demostrar.

El procedimiento se activa mediante una acción Civil. La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (la PEDEN, creada en el ámbito de la Procuración General de la Nación) investiga y, junto con un fiscal, inicia una demanda para que un magistrado defina si se probó o no el origen legítimo de los bienes.

A su vez, “el titular del bien tiene todas las garantías para defenderse mediante un proceso judicial”, destacó el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Sebastián Garat.