El Poder Ejecutivo promulgó la normativa sancionada a fines del año pasado. Las modificaciones se orientan a otorgar un papel central a la víctima y dar a la Justicia herramientas para la investigación de los delitos complejos y la lucha contra el crimen organizado, así como para agilizar la tramitación de los casos.

Las modificaciones son el resultado de varios debates y reuniones con expertos, legisladores y funcionarios judiciales impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de su Subsecretaría de Justicia y Política Criminal.

Las víctimas deberán ser escuchadas desde el inicio de las actuaciones hasta el cumplimiento de la pena y las decisiones que se adopten deberán considerar su situación.

La nueva ley incluye el procedimiento de flagrancia y los juicios unipersonales. Estas figuras, que ya han producido resultados alentadores para acortar los tiempos de la Justicia en el antiguo sistema, permitirán acortar aún más los tiempos procesales en el nuevo sistema oral.

Y establece un proceso especial para el juzgamiento de la responsabilidad penal de las empresas, con la incorporación de las más modernas concepciones penales.

También suma herramientas eficaces para la investigación de los delitos más complejos y la lucha contra el crimen organizado, como el llamado “arrepentido”, los agentes encubiertos y reveladores y el informante policial.

Así se otorgó un nuevo perfil orientado a la investigación y el juzgamiento de los delitos de competencia federal, que son los más graves, lo que se reflejó en el nuevo nombre: Código Procesal Penal Federal.

La sanción de esta normativa busca dar inicio al proceso de implementación del sistema penal acusatorio, en el que los fiscales llevarán adelante las investigaciones y los jueces preservan su imparcialidad para controlar el respeto a las garantías constitucionales y adoptar las resoluciones que en definitiva correspondan.

La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal tendrá la responsabilidad de establecer el cronograma para la implementación progresiva del nuevo sistema.

El nuevo código de procedimiento se aplicará primero en las provincias de Salta y Jujuy, en la frontera norte de nuestro país, adonde se libra un combate contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos complejos para el que las nuevas herramientas que propone resultarán fundamentales. Sobre todo, con la participación que se les asigna a las Fuerzas de Seguridad en las investigaciones.