La Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de María Fernanda Rodríguez, engloba varios programas y organismos que tienen como eje la atención y el asesoramiento a las víctimas de delitos y la atención al ciudadano que requiere asistencia legal. Pero no sólo eso: las funciones del área, que se extienden por todo el país, son muchas y variadas.

-En mayo se puso en marcha la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, mediante la cual se otorgaron las funciones al Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), a cargo de Natalia Figueroa. El organismo tiene su eje normativo en la Ley de Víctimas. Ahora las víctimas tienen un rol central en el proceso penal, y se les garantizan sus plenos derechos.

-Entre junio y diciembre la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas asistió a 662 personas. Y a través de la línea 149 realiza la atención telefónica a víctimas de todo el país: brinda asesoramiento jurídico, psicológico y social en delitos de competencia federal.

-Con el objetivo de llevar a cabo la implementación de la Ley 27.210 de patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género, el Cuerpo de Abogadas y Abogados suscribió acuerdos de cooperación con colegios y asociaciones de abogados de todo el país. Ya hay 76 entidades adheridas. En el Registro de Aspirantes ya se inscribieron cerca de 1.600 abogados.

Se entregaron 600 dispositivos para el apoyo de medidas de protección a favor de mujeres en situación de violencia.

-El Equipo Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual del Programa Las Víctimas contra las Violencias –a cargo de Eva Giberti- brinda acompañamiento y contención a las víctimas con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y evitar la revictimización. Durante enero y diciembre de 2018 se hicieron 2118 intervenciones en terreno y acompañaron a 2958 víctimas de delitos contra la integridad sexual y violencia familiar. Y a través de la línea 137 y del 0800-222-1717, psicólogos y trabajadores sociales asesoraron y acompañaron a 15.396 víctimas de violencia familiar y sexual.

-En noviembre se inauguró en la ciudad de Buenos Aires, en Balvanera, el Hospital de Derechos CAJ, el primero en su tipo de la Argentina. Es un centro integral que ofrece asesoramiento gratuito para realizar trámites y resolver cualquier problema legal, en un solo lugar. A un mes de su apertura, se atendieron 1.903 consultas.

Los 90 Centros de Acceso a Justicia brindaron servicios de atención legal primaria y gratuita: sólo este año atendieron más de 360 mil consultas en de todo el país.

-En febrero se lanzó el Corredor Norandino, un programa de atención para siete provincias del noroeste. Está destinado a brindar asesoramiento jurídico y atención sanitaria a los habitantes de comunidades rurales e indígenas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa. Los equipos en Susques (Jujuy) y en Campo Gallo (Santiago del Estero) recorrieron las comunidades y atendieron más de 1500 consultas médicas y legales.

-Fueron rescatadas 1495 víctimas de trata de personas en diversos allanamientos en todo el país por intermedio de las gestiones y denuncias del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, a cargo de Zaida Gatti.

El Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI) fortaleció el acompañamiento institucional a víctimas de delitos. Este año el programa atendió 625 casos de familiares de víctimas y realizó 4313 gestiones y 2125 articulaciones institucionales con los diferentes organismos de los tres poderes.

-En noviembre se realizó la campaña “Mi primer documento, el acceso a mis derechos”, a través del trabajo conjunto de varios ministerios nacionales, incluido el de Justicia y Derechos Humanos. La iniciativa -un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU- documentó a las personas que no tenían partida de nacimiento ni DNI y surgió a partir de la premisa de que la identidad es un derecho fundamental que permite acceder a otros derechos.

-El Centro de Prevención y Resolución de Conflictos logró este año un promedio anual de 1300 mediaciones, y alcanzó así un nivel de acuerdo del 63%. La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, conducida por Raquel Munt, también organizó el XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz con la presencia de 1500 mediadores de todo el mundo. Además, se conformó la Red Federal de Mediadoras con perspectiva de género, en el marco de la implementación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Dirección de Mediación también capacitó a 2000 operadores de conflictos en diferentes ámbitos, entre los que se destacan 400 mediadores prejudiciales, 106 jueces civiles en herramientas para la implementación de la oralidad, 212 mediadores comunitarios, 90 mujeres referentes barriales para resolver conflictos de su comunidad y 48 conciliadores laborales de Oficina de Conciliación Laboral de Mendoza, entre otros.

-El Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), que dirige Mabel Remón, realizó 3.433intervenciones. El 26% de las intervenciones fueron para personas con discapacidad psicosocial, un 20% para personas con discapacidad intelectual, y otro 23% para personas con alguna discapacidad física, entre otros.