Desde 1992, el mundo empezó a tomar consciencia. Luego de un trabajo de diez años en las Naciones Unidas, tras un debate general, minucioso, se llegó a la conclusión que debían derribarse las barreras para las personas con discapacidad. Por eso, como fecha simbólica por la finalización de ese Decenio de la ONU para los impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

A partir de ese momento, las acciones orientadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas se empezaron a multiplicar, y se comenzó a abarcar todos los aspectos de la vida de un individuo. Uno de esos aspectos es el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.

“Esta convención fue necesaria porque dentro de ella se habla de cada espacio, de cada área en la que la persona con discapacidad interactúa. Y una de ellas es la justicia. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es fundamental porque habla de la autonomía de la persona con discapacidad, y los siguientes son los que competen directamente en el Ministerio de Justicia. Hasta la convención, las personas con discapacidad podían estar representadas por un tercero. Luego se permitió la participación de la persona con discapacidad en las acciones de justicia”, señala Mabel Remón, titular del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS).

-Algo que antes no sucedía.

-No, siempre tenía un representante que hablaba por él. Muchas veces se daba que había un conflicto entre dos personas con discapacidad y los que venían eran sus representantes. No es sencillo, todavía coexisten las tres modalidades: prescindencia, el modelo médico asistencial, y el tercero, éste, el modelo social de la discapacidad. No es que uno deroga al otro inmediatamente, es un trabajo que se hace de a poco, capacitando, trabajando con las propias personas con discapacidad.

-¿Y en el ámbito de la justicia?

-Se viene haciendo también el trabajo, sin tregua, para que se vaya comprendiendo cuáles son las características de las personas discapacidad y se adecúen las decisiones.

Pasión por trabajar

ADAJUS es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuenta con un equipo de trabajo integrado por especialistas en discapacidad y violencia, otros en psicología y discapacidad auditiva, otro en derechos humanos, abogados penalistas. “La gran mayoría de los integrantes tiene alguna discapacidad, lo que también hace que nuestra dedicación culmine en una pasión por la tarea que hacemos”, explica Remón.

-¿Cómo trabaja ADAJUS?

-Entre otras cuestiones, intervenimos en los casos en forma directa a solicitud de los juzgados, para realizar el ajuste razonable: qué requiere esa persona para estar en juicio. Cuáles son las necesidades de cada tipo de discapacidad. Ya sea desde lo edilicio, lo estructural, lo lingüístico, personas con discapacidad intelectual, con discapacidad sensorial, con discapacidad auditiva, visual, siempre intervenimos para poder salvar las diferencia, que sea solo una deficiencia y no una barrera en el sistema de justicia. Un adjetivo muy usado es “discapacitado”. La persona no es toda discapacitada, tiene una deficiencia pero no tiene todas sus facultades anuladas. O sea, en algún espacio puede interactuar, y allí, para solucionar esa barrera, es que interviene ADAJUS.

-¿Reciben consultas de organismos oficiales? ¿Existe la inquietud por adecuarse?

-Sí, recibimos muchas consultas de todo el país. Porque justamente cuando yerran en este tipo de procedimientos de justicia, la causa puede ser nula. Nosotros, más allá del motivo de la consulta, porque puede ser por temor a una nulidad del proceso, celebramos que nos consulten y por eso damos capacitaciones en diversos lugares.

-¿En qué otras situaciones participa ADAJUS?

-No somos peritos de parte, somos auxiliares de justicia. Sí podemos ser veedores de los que intervienen, de las dos partes. A veces cada parte, si los dos tienen discapacidad, llevan sus asesores particulares. Nos llaman para ver si ese es el procedimiento adecuado. Antes era más sencillo en el campo judicial. La ley era muy expresa: no puede expresarse, o no puede ver, bueno listo, es declarado incapaz. Hoy ya no. Nosotros, en el Ministerio, somos el ‘cómo lo hacemos’. Por eso nos llaman.

-¿Qué tan complejos pueden resultar los casos en los que participan?

-Tenemos desde homicidios hasta retención de menores, como en toda sociedad. Porque a veces se piensa que las personas con discapacidad no cometen delitos, y sí los cometen. Uno de los puntos más cruciales para nosotros es que en el campo civil, las personas con discapacidad son incapaces, pero cuando cometen un delito son capaces. Y esto es muy notorio, y no tiene que ver con el sistema de justicia sino con nosotros como personas. Cómo valoramos al otro, qué mirada tenemos del otro que es diferente a nosotros. Pero se está revirtiendo. Y desde el Ministerio de Justicia lo estamos logrando.