Mateo Bermejo, juez de la Primera Cámara del Crimen de Mendoza, disertó en la última charla del año de Política Criminal, organizada por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas. El director nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra, señaló en la apertura: “Es fundamental la discusión actual que se está dando sobre el decomiso de los bienes económicos por parte del Estado, en delitos económicos y de corrupción, y poder conocer todas las maneras en las cuáles se puede usar esta herramienta para recuperarlos.”

Bermejo, que es doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, de España, indicó que “durante muchos años el decomiso de las ganancias del delito permaneció ampliamente desatendido.” Dijo que esto se debió a que “las teorías explicativas de la criminalidad no incluían dentro de sus perspectivas los incentivos económicos que implican las ganancias ilícitas y, por otro, la mayoría de los sistemas de justicia no contaban con una regulación general del decomiso de las ganancias derivadas del delito”.

El magistrado explicó que esto cambió a fines de la década de 1980: “Los Estados comenzaron a rever su regulación en la materia. Se comenzó a gestar así la estrategia internacional de lucha contra el delito que considera como herramienta clave el decomiso de las ganancias ilícitas, a punto tal que ha tenido un profundo y progresivo impacto en la legislación nacional en la materia y es objeto de un arduo y muy actual debate”, argumentó.

También, y para dar cuenta de la situación en la Argentina, el magistrado recordó que la legislación actual responde a las normativas internacionales que “tienen como eje que no haya beneficio económico en el lavado de activos”. El decomiso de bienes aparece aquí como una figura importante en tanto estrategia “represiva”.

Un delito de gran magnitud económica

La recuperación de bienes -o decomiso- tiene como objetivo que los bienes provenientes de actividades ilícitas puedan ser utilizados por el Estado.

Como expuso Bermejo, una de las características principales del lavado es la magnitud económica de las operaciones, pero también la vinculación con el crimen organizado, la internacionalización de las operaciones y la profesionalización de los métodos para llevar a cabo estos delitos.

En ocasión de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a nuestro país, el año pasado –cuando la Argentina ejerció la presidencia del organismo-, el ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano, destacó: “El lavado, aunque pueda parecer lejano a nuestra realidad personal, termina afectando siempre a las personas. El narcotráfico, la trata de personas y la corrupción representan una amenaza concreta para la estabilidad de los países, y el lavado introduce las ganancias de estos graves delitos en el circuito legal y fomenta que estas bandas sigan operando.”