Se realizaron esta semana dos reuniones de trabajo presenciales del programa Justicia 2020 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Una de ellas fue para recibir aportes sobre los “Procesos por audiencias: previsiones normativas para el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para asegurar la oralidad efectiva”. La otra, sobre “redefinición del horario judicial”.

De la primera reunión participaron miembros de la comisión redactora del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, futuros jueces, abogados y otros miembros de la sociedad civil. De la comisión redactora estuvieron Andrés Soto, Rubén Calcaterra, Héctor Chayer, Hernán Calvo y Juan Pablo Marcet (secretario ad hoc). Los equipos reunidos son los que trabajan las iniciativas “Anteproyecto del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial” y “Generalización de la oralidad en los proceso civiles”.

Muchos hicieron hincapié en la radical importancia de lograr la asistencia de las partes, testigos y peritos cuando son citados a audiencias, dado que las inasistencias habituales pondrían en crisis el sistema.

Por ello, una de las preguntas sobre las que se conversó fue: ¿Qué sanciones procesales deberían tener las partes si no asisten, en forma injustificada, a las audiencias fijadas en un proceso civil?

Las respuestas fueron diversas, desde la pérdida del control de la prueba que se provee en la audiencia preliminar, hasta sanciones pecuniarias o procesales, como pueden ser considerar desistido de la acción al actor, tal como sucede en otros países.

Qué se discutió

Desde la experiencia, muchos de los presentes aseguraron que en la audiencia preliminar, en general, el índice de asistencia es bueno; y que respecto de la audiencia de vista de causa es importante distinguir el caso de las partes, si tienen o no que declarar, de los testigos y de los peritos. Unos piensan que cuando el perito presentó su informe, no es dogmático que deba estar en la audiencia de vista de causa. Al tiempo que se sostiene que podría evitarse que se cite a todos los testigos, para quedarse sólo con los importantes para resolver el conflicto.

También se consideró la posibilidad de que este tipo de decisiones queden en cabeza de los magistrados, dándoles herramientas amplias para que puedan en cada caso definir cómo usarlas.

“En la experiencia de la justicia nacional civil, a las audiencias conciliatorias la gente asiste, no se ausenta”, dijo uno de los participantes. Otro dio cuenta de que en reuniones realizadas en marzo pasado por la Corte Suprema “se culpaba mucho a los abogados por diversas cuestiones”, aunque aclaró que “es el juez el que tiene todas las herramientas para ordenar el proceso”.

Las herramientas tecnológicas son un eje en el mejoramiento del servicio de justicia. La reunión de trabajo también dio cuenta de su necesidad.

“Usar la videoconferencia. Es súper práctico y puede garantizar la oralidad efectiva”, dijo uno de los asistentes. “Es fundamental trabajar con la adecuada infraestructura así como el apoyo tecnológico”, aclaró otro.

“Los miembros de la Comisión Redactora presentes recibieron importantes insumos que transmitirán al resto de los integrantes, y que serán considerados a la hora de redactar la normativa procesal”, dijo Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 y de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Sobre el horario judicial

En la segunda reunión, dedicada a la “Redefinición de horarios y continuidad en la labor judicial, se analizaron la viabilidad, ventajas y desventajas de establecer diversos turnos de labor para los trabajadores de la Justicia. Por ejemplo, oficina abierta 10 horas, trabajadores en dos turnos de 6 horas, solapándose en algunos horarios.

Marcet, integrante de Justicia 2020, contó la experiencia del Poder Judicial de Tucumán: desde 2007 desdoblaron el horario en los Juzgados de Familia y Sucesiones, Juzgados Civiles en Documentos y Locaciones, los Juzgados en lo Civil y Comercial Común, entre muchos otros.

Allí, fijaron horario de trabajo de 7 a 19 con dos turnos: matutino de 7 a 13 y vespertino de 13 a 19. La atención al público se mantiene en seis horas durante la mañana, pero se agregan tres horas por la tarde.

Los titulares de las oficinas (jueces, fiscales) no tienen obligación de cumplimiento de turno sino dedicación funcional.

“Antes los horarios cambiaban”, recordó uno de las asistentes, que sugirió que no hagan las mismas tareas los de la mañana que los de la tarde porque si el juez se concentrara a la tarde en hacer sentencias y en ejecutarlas redundaría en mayor beneficio. Pero otro participante dijo que “mientras más presentaciones online tenemos, menos gente se presenta en la mesa de entradas”.

El debate destacó también que la profundización de la informática sería lo que marque la diferencia, que cambiaría el paradigma de la atención al público y el funcionamiento de los tribunales.

También se destacó que una buena iniciativa sería ampliar el horario, pero especialmente para audiencias. “En Estados Unidos cada juzgado tiene un administrador, que no es abogado, y funcionan bien con ese esquema”, destacó un asistente. Otro recordó que en Mendoza funcionan juzgados con un esquema general.

“Tenemos que evitar los argumentos simplistas que sólo buscan mantener el statu quo -dijo Marcet- y buscar el mejor modo de mejorar el servicio que el Poder Judicial le presta a la gente, sin afectar por ello los derechos de los trabajadores de la justicia. En esto también va la imagen y la credibilidad de la justicia: no encontramos argumentos en favor de mantener un Poder Judicial de seis horas al día”