Crímenes y justicia. Las novelas de John Grisham cuentan, casi sin excepción, con ambos ingredientes. Aclarando que no tiene autor preferido pese a que gusta de consumir literatura, Juan José Benitez cuenta que, si tuviera que elegir, diría que este tipo de autores llaman particularmente su atención. El género, suspenso judicial, encaja a la perfección con la función que cumple en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: es titular de la Subsecretaría de Política Criminal, el órgano que se encarga de brindar, entre otras cosas, herramientas para facilitar la investigación penal.

Otro escritor que lee mucho es Eduardo Sacheri, autor de ‘La pregunta de sus ojos’, quien refleja muy bien la idiosincrasia argentina. Además, destaca que es hincha de Independiente, como él.

Una de las tareas que asumió la Subsecretaría desde fines de 2015, en el inicio de la gestión de Germán Garavano al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue la de crear un sistema homogéneo de investigación forense: criterios claros unificados para recoger evidencia y facilitar el análisis posterior. “Creamos un aplicativo web con el que cualquier fiscal, desde su teléfono, pone la palabra clave y le surge directamente cuál es el laboratorio más cercano para hacer una pericia. Se acortan muchísimo los tiempos”, resaltó. Además, está cargado un Protocolo Único para que todos los laboratorios del país puedan analizar la evidencia.

-Este fue un año de mucho trabajo para la Subsecretaría, ¿Cuáles son las iniciativas relevantes en el trabajo que llevan en 2017?

-Durante la primera mitad del año estuvimos trabajando en diseñar un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Fue un debate muy intenso y muy abarcativo, que comenzó en julio 2016 y tuvo como hito destacado las mesas de trabajo intersectoriales que se organizaron en febrero. A su finalización se creó una comisión redactora del anteproyecto, que se reunía una vez por semana y a la que le fuimos aportando insumos. Aparte, suscribimos un convenio con la Universidad de Ginebra, con el cual vamos a capacitar a 26 personas en el esquema de formador de formadores; una por provincia y dos del Ministerio, en materia de Justicia restaurativa, y esto permite cumplir con la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa. Así seríamos pioneros en Latinoamerica en el cumplimiento de esa Declaración. Hoy estamos discutiendo el proyecto con los ministerios de Desarrollo, Educación y Seguridad -que van a tener un rol esencial en la aplicación de la Ley-, en el marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para poder tener un texto definitivo y consensuado.

-¿De qué se trata la reforma del Código Procesal Penal Federal?

-El Código que fue sancionado en 2014 tenía una serie de defectos. No tenía una visión federal. Para ponerlo más claro: la Justicia nacional y la federal tienen ámbitos de competencia distintos. La primera (es decir, los “juzgados nacionales”) tiene competencia en la Ciudad de Buenos Aires; la segunda, en todo el país y se avoca a delitos complejos como narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y lavado de activos.

-¿Y esos defectos cuales eran?

-Para investigar ese tipo de delitos complejos se necesitan herramientas y técnicas especiales. Ahí ya tenía una falencia: ese cuerpo normativo sólo iba a servir para la Ciudad, para la Justicia nacional, es decir para investigar delitos comunes. Su diseño estaba equivocado y no se iba a poder investigar ningún delito complejo ni al crimen organizado. Otra falencia era que prohibía expresamente que la información brindada por aquella persona que hubiese colaborado y sea un ‘arrepentido’, sea usada contra otros co-imputados. Es decir, si yo estaba implicado con una organización ilícita y decidía colaborar con la Justicia admitiendo mi responsabilidad pero señalando a mis cómplices, esos datos no se podían usar. Claramente, era una cláusula de impunidad. Esto merece ser reformado, como así también otras cuestiones que propusimos (y pueden consultarse en la plataforma Justicia2020).

El Código sancionado en 2014 prohibía expresamente que la información brindada por aquella persona que hubiese colaborado y se ‘arrepienta’, sea usada contra otros co-imputados. Es decir, si yo estaba implicado con una organización ilícita y decidía colaborar con la Justicia admitiendo mi responsabilidad y señalando cómplices, esos datos no se podían usar.

-Entre los delitos complejos se cuentan los ‘ciberdelitos ‘ ¿Qué medidas se están llevando adelante?

-Pusimos en funcionamiento el Programa de Criminalidad Informática. Allí tenemos 3 ejes: impulsar la adhesión a la Convención de Budapest, las reformas penales y procesales para investigar y sancionar los delitos, y la capacitación de magistrados de todo el país en la temática. Hicimos el primer taller con los fiscales especializados, provenientes de once paises de la región, para lo cual contamos con el apoyo del Consejo de Europa y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora lo vamos a replicar en todo el país y en toda la región. Próximamente iremos a Mendoza. En lo que va de la gestión llevamos capacitados en ciberdelito a más de 300 jueces y funcionarios de la Justicia federal de todo el país. Queremos además, entre otras cosas, fomentar la creación de fiscalías especializadas.