La Legislatura porteña aprobó días atrás modificaciones al Código Procesal Penal de la Ciudad, con el propósito de agilizar los procesos judiciales, y estableció nuevos plazos y modalidades para la actuación de los jueces, fiscales y defensores durante el período de investigación de un delito. Un punto importante fue la incorporación del derecho a un abogado oficial para las víctimas de delitos. “Gracias a esta incorporación las víctimas tendrán más derechos y contención”, dijo la legisladora Natalia Fidel, una de las promotoras de este cambio.

El nuevo artículo incorpora el patrocinio gratuito para las víctimas de un delito durante el proceso penal.

Esta reforma está a tono con la sanción –en junio de 2017- de la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Esta norma puso en funcionamiento una serie de dispositivos disponibles en todo el país, las 24 horas, para quienes sufren un delito.

“Es esencial que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles una mayor contención y apoyo durante un proceso penal que deben atravesar cuando están detrás de la búsqueda de justicia. Un abogado oficial gratuito, como hoy tiene quién es victimario, es de una gran ayuda”, señaló Fidel, referente de Vamos Juntos.

La diputada porteña también destacó que de esta manera “se amplían derechos para que existan mayores niveles de justicia en el propio proceso penal”. “El imputado –explicó- que tiene garantizado el ejercicio del derecho a la defensa letrada, lo mantiene. Y la víctima, que no tiene garantizado el ejercicio del derecho a la querella, estaría adquiriéndolo”.

El foco en la oralidad

El Código Procesal porteño fue sancionado en 2007. Los cambios recientes, argumentaron los legisladores del oficialismo, son para modernizarlo y preparar a la Ciudad para el momento en que reciba la transferencia de delitos de competencia nacional, como establece un convenio firmado entre ambas jurisdicciones.

Los cambios aprobados incorporan los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos.

El Código Procesal Penal de la Nación también está en proceso de reforma. El mes pasado la comisión de Legislación Penal emitió un dictamen de mayoría sobre el proyecto que busca modificarlo. Es una iniciativa que, con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, introduce nuevas herramientas para la investigación de delitos complejos. Ya tuvo media sanción de la Cámara de Senadores.

Las modificaciones propuestas al nuevo Código de procedimientos -previsto en la Ley 27.063- se orientan a adaptarlo a la investigación y juzgamiento de los delitos de competencia de la Justicia Federal, en función del traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño.