“Ayudemos a todos los que podamos”, fue una frase que le dijo Justina Lo Cane a sus padres, Ezequiel y Paola, cuando estaba internada. La nena de 12 murió a fines del año pasado mientras esperara un trasplante de corazón que nunca llegó. A partir de su muerte, los papás empezaron una campaña y un proyecto de ley para cambiar el paradigma de la donación de órganos. Esa ley es hoy una realidad: establece que todas las personas mayores de 18 pasan a ser donantes, salvo que dejen constancia expresa de lo contrario.

El 30 de mayo la iniciativa había obtenido media sanción en el Senado, justo en el Día Nacional de la Donación de Órganos. Ayer, finalmente, la Cámara de Diputados la convirtió en ley por unanimidad.

Hay 7736 personas que esperan un trasplante de órganos, según los datos del INCUCAI. De esa cifra, 250 son chicos y adolescentes. También hay otras 2.961 personas que esperan un trasplante de tejidos.

Ezequiel Lo Cane explicó que la campaña “Multiplicate x siete” fue a pedido de su hija. “El concepto detrás del hombre es que si uno es donante su vida se multiplica por siete al momento de partir”, dijo. La muerte de Justina dio fuerza a la lucha por la sanción del proyecto.

“Justina nos sigue pidiendo que ayudemos”, manifestó Ezequiel, quien agregó que “el proyecto cambia el paradigma sobre trasplantes de órganos: todos seremos donantes salvo que manifestemos nuestra voluntad en contrario y no será necesario consultar a ningún familiar para confirmar o rechazar esa decisión”.

Los puntos clave

La ley “Justina” deroga otra ley, la 24.193, sancionada en 2005. Hasta hoy también se establecía que toda persona mayor de edad es donante de órganos, pero tras su muerte la última palabra la tenían los familiares.

Ahora queda explícitamente establecida la voluntad de ser donante de órganos para los mayores, salvo que exprese por escrito su negativa. Para ello, deberán estar inscriptos en un registro de no donantes.

Así lo expresa el artículo 31 de la norma: toda persona mayor de 18 años puede en forma expresa “manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la donación de los órganos y tejidos, restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos y tejidos y condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de donación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación”.

El proyecto tiene algunos aspectos que fueron pedidos por los padres que integran diversas ONG sobre la temática, así como el aporte del INCUCAI.

1) El artículo 9 explica que los centros habilitados tendrán que tener la “capacitación específica y constante en todas las etapas del proceso donación-trasplante”.
2) El artículo 4 inciso F introduce la “prioridad” para el “traslado aéreo o terrestre de quien debe viajar para recibir un trasplante”.
3) El artículo 23 incluye que “haya idénticas condiciones en una donación cruzada de riñón para trasplante con otra pareja”.
4) Se introduce un artículo sobre la “muerte violenta con intervención de un juez/médico forense”. En estos casos, se deberá “informar dentro de las cuatro horas de diagnosticado el fallecimiento”.
5) Otro aspecto destacado es que a partir de ahora habrá una “provisión de medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios para trasplantes realizados en personas sin cobertura y caren-                    tes de recursos”.

También la ley “Brisa”

En la sesión de ayer también se aprobó una ley que apoyaron todos los bloques. Es la denominada “Ley Brisa”, que otorga una reparación económica para hijos o hijas víctimas de femicidios. Está destinado a chicos menores de 21 años.

El nombre de la ley se refiere a Brisa, hija Daiana Barrionuevo. Esta joven de 24 años fue asesinada a golpes por Iván Adalberto Rodríguez, su ex pareja y padre de Brisa y dos hermanitos más. El crimen ocurrió en 2014, en Moreno. A Rodríguez lo condenaron a perpetua tres años después. Los chicos quedaron a cargo del abuelo materno, que no tenía los recursos económicos para poder criarlos.

Por eso, la ley establece una reparación económica para las niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia intrafamiliar o de género. La ayuda será equivalente a una jubilación mínima y comienza a regir desde el momento del procesamiento del victimario.

Además, se dispondrá la cobertura integral de salud, que deberá cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica; garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Estado.