El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.

La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.

El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.

El Acuerdo Escazú

El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.

De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.

El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.

Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.

El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.