El crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional constituyen flagelos de nuestro tiempo que ningún Estado moderno puede ignorar, sino a costa de resignar misiones esenciales vinculadas a la provisión de paz y seguridad para todos los habitantes.
El compromiso de la República Argentina es proporcional a la envergadura de esa función indelegable, lo cual ha determinado que esta cuestión se haya constituido en una clara política de Estado. Y ése es el espíritu que guía la tarea que se ha venido desarrollando en los últimos años, con el respeto irrestricto de los Derechos Humanos como garantía de legitimidad.
Las amenazas del crimen organizado no son ajenas a nuestro país como así también, los países latinoamericanos no son inmunes a las acciones del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otras formas delictuales graves.
En ese cuadro de situación, y con el firme compromiso político de nuestra Presidenta de la Nación, se han ido readecuando, fortaleciendo y perfeccionando los sistemas de prevención, control y castigo de estas prácticas criminales organizadas.
En esa inteligencia se han venido destinando esfuerzos excepcionales en procura de movilizar a todos los actores institucionales con competencias directas o indirectas en la materia, con el fin de concretar la adecuación de todo el sistema preventivo y represivo a los más altos estándares internacionales.
A fines de 2010 la Presidenta de la Nación dictó el decreto N° 1936/2010, que dispuso la reorganización de todo el sistema de prevención en materia antilavado, asignando a la Unidad de Información Financiera la representación de nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA). Asimismo se otorgaron a dicha Unidad facultades de dirección en esta temática respecto de los organismos públicos en los órdenes nacional, provincial y municipal.
En junio de 2011, se sancionó la ley 26.683, que modificó el tipo penal de lavado de activos, creando un título especial a nuestro Código Penal, referido a los delitos contra el orden económico y financiero.
Dicha norma también introdujo cambios novedosos, como el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la fijación de nuevas reglas para el decomiso de bienes sin necesidad de sentencia condenatoria, herramientas por completo innovadoras para nuestra legislación.
A fines del año pasado, la Presidenta de la Nación envió al Parlamento dos proyectos de reforma del Código Penal, los cuales fueron sancionados en el mes de diciembre: uno en materia de delitos con finalidad terrorista y financiamiento del terrorismo ( ley 26.734), y otro que incorpora las figuras de manipulación de mercado y uso indebido de información privilegiada, entre otras, bajo el título de los "delitos contra el Orden Económico y Financiero", creado para el nuevo tipo penal de lavado de activos ( ley 26.733).
Asimismo, con el objeto de aunar los esfuerzos de todas aquellas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil involucradas en la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Presidenta de la Nación dictó el Decreto N° 1642/2011, mediante el cual creó el "Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo", que es presidido y coordinado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se establecen de este modo mecanismos de coordinación de todos los actores, en procura de fomentar instancias de consenso y fijar metas que permitan implementar la totalidad de los recursos y herramientas disponibles, con el fin de potenciar y direccionar los esfuerzos en esta materia.
En este sentido, son acciones del referido Programa:
- Coordinar a nivel nacional las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Producir estudios, investigaciones y diagnósticos respecto de cuestiones críticas en la materia.
- Realizar el seguimiento y programar los cursos de acción para evaluar y adecuar la implementación de las reformas legislativas anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Promover ámbitos de trabajo y participación que permitan generar consensos, fijar metas y formular políticas en la materia de su competencia.
- Convocar a los poderes del estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que actúen en forma directa o indirecta en la temática.
- Prestar colaboración y apoyo técnico a los organismos responsables en la prevención, persecución y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.