En los últimos años, el derecho de acceso a la justicia ocupó un lugar central en las conversaciones jurídicas y políticas de las comunidades democráticas. La convicción de mejorar los mecanismos institucionales para canalizar los conflictos sociales impulsaron, en parte, estas conversaciones. Por otro lado, la incapacidad de los sistemas democráticos de dar una respuesta satisfactoria y en un tiempo razonable a dichas tensiones, ocasionó que gran parte de la atención analítica se centrara en el rol de la rama judicial para la resolución de aquellos. Luego, y como consecuencia de ello, el diagnóstico compartido es que el poder judicial estuvo lejos de cumplir con las expectativas que la comunidad puso sobre esta.

Esto provocó obligación de tener que repensar los compromisos teóricos y políticos alrededor del derecho de acceso a la justicia, sin quedar limitados a las restricciones del lenguaje del derecho -y del tribunalicio sobre todo-. Así, la producción teórica y empírica sobre el concepto, los alcances y la justificación-política y constitucional- de este derecho que se ha ido produciendo en la comunidad global es enorme y sumamente trascendental para los desafíos presentes y futuros de las democracias.