En julio de 2003, la Asociación de Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, con la participación de ex detenidos/as, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales, denunció que allí funcionó el campo de reclusión ilegal e inició una campaña para reclamar su expropiación y transformación en espacio de memoria.

A fines de 2004, la Legislatura porteña sancionó las leyes N° 1454 y 1505, que declararon al inmueble “de utilidad pública y sujeto a expropiación” y Sitio Histórico, respectivamente.

La casa fue finalmente abierta al público en enero de 2009 y al año siguiente se inauguró un sector acondicionado para realizar talleres, encuentros, jornadas, ciclos de cine, muestras y visitas guiadas que, junto a las tareas de investigación y conservación, tienen por objeto la reconstrucción de la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos.

Su administración estuvo a cargo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) hasta 2014 cuando pasó a depender de la Secretaría de Derechos Humanos nacional. En octubre de 2014, el Decreto N° 1762 lo declaró lugar histórico nacional.