En 2006, como consecuencia de la lucha de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, vecinos y vecinas, la Legislatura porteña declaró de “utilidad pública y sujeto a expropiación” al edificio a través de la Ley N° 2112. La recuperación del espacio pudo concretarse recién en marzo de 2009, año en que además se conformó la Mesa de Trabajo y Consenso, integrada por sobrevivientes, organismos de derechos humanos y otras organizaciones políticas y sociales.

Su administración estuvo a cargo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) hasta 2014, cuando pasó a depender de la Secretaría de Derechos Humanos nacional.

En octubre de 2014 fue declarado lugar histórico nacional por Decreto N° 1762.