La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en vigencia desde el primero de marzo de 2018, tiene por objetivo luchar contra la corrupción a través de políticas preventivas eficaces y la generación de incentivos para que las personas jurídicas implementen programas de integridad y cooperen con las autoridades en casos de corrupción.

En ese marco, elaboramos los “Lineamientos de Integridad para el Mejor Cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas” (aprobados por Resolución N° 27/2018). Los Lineamientos brindan una guía técnica para el diseño, la implementación y la autoevaluación de programas de integridad, y están dirigidos a las empresas y otras personas jurídicas, a las organizaciones de la sociedad civil, las agencias estatales, los operadores del sistema de justicia y la comunidad profesional experta.

También realizamos una Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), la cual constituye un paquete de herramientas que busca brindar a esas empresas consejos e instrumentos prácticos para que puedan analizar en qué medida cuentan con programas de integridad adecuados con relación a sus riesgos, dimensión y capacidad económica; o bien para que incorporen programas nuevos o mejoren los existentes.

Además, en el Plan Nacional Anticorrupción nos comprometimos a llevar adelante tres iniciativas vinculadas al cumplimiento de la Ley 27.401:

• Compromiso N° 4 “Cláusula de Integridad en Contrataciones de obra pública y bienes y servicios”. Buscamos reforzar la integridad en las contrataciones de obras públicas y de bienes y servicios, a través de la suscripción de un compromiso expreso por parte de todo proveedor interesado en contratar con los organismos que integran la Administración Nacional de la “Política de Integridad en las Contrataciones Públicas”. La implementación de esta cláusula sería un significativo aporte para contribuir a que todos los organismos de la Administración Pública Nacional implementen de manera uniforme la normativa vigente en materia de gestión de conflictos de intereses en contrataciones (Decreto 202/2017) y de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas (Ley 27.401), así como la difusión de los canales de reportes de posibles irregularidades. Plazo 2019.
• Compromiso N° 116 “Plan de Promoción de Programas de Integridad de personas jurídicas”. Llevaremos adelante un Plan de Promoción y Difusión del marco regulatorio sobre Programas de Integridad destinado a personas jurídicas alcanzadas por la Ley Nº 27.401. Además continuaremos con la promoción de actividades de capacitación y difusión en sectores específicos a nivel nacional, provincial y municipal tales como PyMEs y sectores de riesgo. Plazo 2020-2021.
• Compromiso N° 117 “Mapa de Programas de Integridad de personas jurídicas”. En cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 24 de la Ley 27.401 respecto a la necesidad de que todo contratista declare poseer un programa de integridad adecuado, elaboraremos un mapa de empresas que declaran tener programas de integridad a través de los procesos de compras, contrataciones y obra pública. Plazo 2020.