Conforme los estándares internacionales, las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DDJJ) de los funcionarios públicos tienen dos objetivos esenciales:

1) analizar, prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito y

2) analizar, prevenir y detectar eventuales situaciones de conflictos de intereses e incompatibilidades.

Las DDJJ en nuestro país son públicas y accesibles a través de internet, facilitando el control ciudadano y la rendición de cuentas.

La Oficina Anticorrupción se encuentra facultada para efectuar el control y seguimiento de las DDJJ de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, analizar su contenido a fin de detectar la posible existencia de enriquecimiento ilícito o la configuración de conflictos de intereses.

Para realizar el control, se llevan a cabo las siguientes medidas:

• Se recopila toda la información y antecedentes del funcionario analizado, como sus declaraciones juradas de años anteriores, aquella obrante en los registros de la Oficina u otros organismos públicos, y se realiza un cruce de información con distintas bases de datos.

• Se verifica la consistencia de la información declarada por el funcionario con aquella obtenida por la Oficina Anticorrupción.

• Se realiza un análisis a fin de determinar si el incremento patrimonial del funcionario es razonable de acuerdo a los ingresos declarados.

• Se analiza la información que pudiera dar cuenta de situaciones que puedan configurar conflictos de intereses como ser sus vinculaciones previas, tenencias accionarias, o participación en sociedades.

En caso de resultar necesaria información adicional o detectar inconsistencias en la declaración jurada, la Oficina Anticorrupción remite solicitudes de aclaraciones patrimoniales (SAP) a fin de que el funcionario analizado brinde mayor detalle y, en su caso, acompañe las constancias documentales que resulten necesarias

El resultado del análisis y de las aclaraciones patrimoniales solicitadas puede dar lugar al inicio de una investigación en el ámbito de la Oficina Anticorrupción o –en caso que ya exista una causa judicial- ser utilizado como un aporte técnico a la Justicia.