El principio de transparencia en la gestión pública es uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. Se refiere al deber de los poderes públicos de exponer al análisis de la ciudadanía la información de su gestión, el uso de recursos, los criterios con que toma decisiones y la conducta de sus funcionarios.

El ejercicio de la función pública demanda una actuación eficaz e íntegra que se refleje en un buen gobierno y una buena administración, de forma el bienestar general resulte privilegiado.

La Administración Pública debe asegurar que las aspiraciones de los ciudadanos se hagan realidad, adoptando decisiones que valoren todos los intereses involucrados, de manera abierta y participativa.

Para que esto sea posible, son los agentes y funcionarios públicos quienes primero deben incorporar las normas éticas que se encuentran obligados a respetar y comprometerse con su cumplimiento. En ese sentido, las disposiciones sobre conflictos de intereses son fundamentales para preservar la imparcialidad de quienes ejercen funciones públicas y evitar que actúen en su beneficio particular.

Con el objetivo de fortalecer una gestión eficaz, transparente y responsable el Instituto se sirve de las convenciones internacionales a las que Argentina adhirió; de las leyes y decretos nacionales; y, finalmente de su propio manual sobre transparencia, redactado a partir de los parámetros promovidos por la Oficina Anticorrupción.